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Evidencias de un Congreso ineficiente

Todo país que busca desarrollarse y crecer, necesita ser eficiente. Los administradores dicen que la eficiencia se mide, ya sea por el logro de los objetivos o por el nivel de los costos. Es decir que si logramos alcanzar lo que nos hemos impuesto o bien logramos incrementar la rentabilidad, entonces podremos decir que somos exitosos.

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Lo anterior nos orienta un poco sobre por qué las entidades estatales no son eficaces. En casi la totalidad de los casos, no se logra ni una ni otra cosa. Por un lado han sido incapaces de lograr sus objetivos y, por otro, siempre viven requiriendo más recursos para funcionar.

Eso hace que el Estado, en su conjunto, sea ineficiente. Y solo para mencionar un ejemplo, ha sido incapaz de alcanzar el objetivo constitucional de logar el bien común. Pero esto ha sucedido casi siempre porque la corrupción se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Hemos permitido como sociedad que este flagelo que corroe los cimientos de nuestra organización política como país, se apodere de las raíces del sistema y tome el control.

Y la ineficiencia está en todo. Pero si nos centramos en la del Organismo Legislativo, como uno de los tres poderes del Estado, no es muy difícil descubrirla. En los cuatro años anteriores, el Congreso demostró ser de lo más ineficaz. A duras penas, en ese período, se aprobóaron 89 leyes a un costo de Q37 millones cada una.

Si a lo anterior sumamos la producción de los cinco primeros meses de esta nueva legislatura, la situación mejora, pero aún así sigue generando déficit. En promedio, en los cuatro años y cinco meses, cada ley nos ha costado Q35.8 millones.

Pero lo peor fue en 2015, cuando presidió el Congreso Luis Rabbé. Ese año cada decreto aprobado por los legisladores le costó al pueblo Q71.3 millones, el doble del promedio calculado en el período en mención.

Y podrían salirnos algunos legisladores con el argumento de que no hay que caer en análisis cuantitativos y más bien revisar la calidad. Pero lamentablemente en ello tampoco han dado muestras de eficacia. La mayoría de leyes  emitidas han sido de reformas a otras. Otro tanto ha sido declarado inconstitucional, total o parcialmente. Y del resto, la mayoría de guatemaltecos ni lo conoce, menos aún entender los beneficios que le generan.

De momento, al menos, hemos podido ver cómo los cuatro presidentes de la legislatura anterior están bajo la lupa de la justicia penal, acusados de corrupción. Dos de ellos (Pedro Muadi y Gudy Rivera) están tras las rejas y los otros dos (Luis Rabbé y Arístides Crespo) en espera de un proceso que podría dejarlos sin inmunidad y tener que enfrentar un juicio.

Todo es enmendable, pero con voluntad. Así que habrá que esperar a ver si con los ejemplos de sus compañeros, los diputados que ahora integran el Congreso deciden cambiar y hacer las cosas bien, incluida la mejora de su eficiencia, pero sobre todo, la mejora en la búsqueda del verdadero bien común.

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