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Una institución que no cumple sus funciones

La Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) parece no estar a la vanguardia de la fiscalización ni el control gubernamental; al menos así lo demuestran los casos Cooptación del Estado, La Cooperacha, Negociantes de la Salud o Plazas Fantasmas, en los que el ente contralor ha tenido poco (casi nulo) protagonismo en las averiguaciones que han llevado a los supuestos responsables ante los tribunales.

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Además, la plataforma de Cálculo de Impunidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) registran que entre los años 2008 y 2015 se han remitido a la fiscalía 34,743 casos por corrupción en la administración pública, de los cuales solo el 1.2% (409) se supone que ha sido denunciado por la CGCN.

Este índice resulta al comparar las cifras del MP con el número de denuncias penales presentadas por la entidad y consignadas en los informes de auditoría elaborados en los años en cuestión.

Así, por ejemplo, en 2009 (último año de la primera gestión de Carlos Mencos) las 13 denuncias penales resultantes de los 1,413 hallazgos realizados por el ente contralor durante la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Estado de dicho año, significaron tan solo el 0.29% de los 4,481 casos de corrupción en la administración pública remitidos al Ministerio Público.

Algo similar ocurrió en 2014, último año auditado por Nora Segura, cuando las denuncias penales de la CGC en respuesta a 1,355 hallazgos sumaron 16, o el 0.38% de los 4,189 casos ingresados a la fiscalía en ese período.

Hasta esta fecha, el promedio de denuncias penales presentadas por la Contraloría fue de 24 casos anuales.

De tal cuenta, los hechos ventilados en los juzgados y los datos contrastados dan cuenta de que el protagonismo de la Contraloría en el aseguramiento de la calidad del gasto y la probidad en la administración pública es completamente deficitario.

“Aquí hay un reflejo del diseño institucional de la Contraloría que le impide actuar con agilidad y oportunidad, además del nivel de cooptación histórica que ha sufrido esta institución. Por ejemplo, durante la gestión de Nora Segura, la CGC estaba totalmente cooptada, al punto de que nosotros presentamos una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad porque la misma Contraloría nos negó información sobre el tema del transporte urbano. Este es un parámetro que nos indica qué tan mal estaba y ha estado la entidad. Los números que ustedes han hecho también nos ayudan a entender esto”, explicó Marvin Flores, de Acción Ciudadana (AC).

Ángel Ramírez, de Congreso Transparente (CT), coincidió con Flores al asegurar que existe un problema de origen en el diseño institucional de la Contraloría, implícito en su ley orgánica, que no le permite ser vanguardista en las revisiones, lo cual afecta su desempeño.

“Tampoco es que esto sea excusa para que no se alerten oportunamente los casos que atentan contra el erario público; también tiene mucho qué ver la calidad de los funcionarios y su trabajo. Por ejemplo, el hecho de que en promedio se hayan interpuesto 24 denuncias anuales como resultado de las auditorías efectuadas entre 2006 y 2014 no tiene ninguna relación con la realidad de los abusos que se dan en el manejo de los recursos públicos; estas cifras se quedan cortas.

Los procesos actuales nos muestran cómo en uno solo se pueden estar vinculando hasta 10 casos distintos”, precisa Ramírez.

Con todo, hemos asistido a sucesos en los cuales las cosas sencillamente han ocurrido a espaldas de la CGCN, aun teniendo presencia inmediata en las instituciones estatales, como es el caso de las plazas fantasmas en el Congreso de la República, donde, a pesar de existir una delegación del ente fiscalizador, nunca llegaron a darse cuenta de tales extremos.

Esto muestra el nivel de cooptación y de corrupción a lo interno de la Contraloría, lo cual establecía y sigue estableciendo, en algunos casos, reglas informales donde se negociaban los hallazgos para no deducir las responsabilidades administrativas y penales, convergen los consultados.

Más allá de las cifras mostradas, Flores concluyó en que uno de los retos de la CGCN es mejorar la calidad de los peritajes técnicos ofrecidos como pruebas en las denuncias enviadas al MP, “pues muchas veces, estas son demasiado frágiles y se caen como sustento de un caso, obligando al MP a iniciar nuevas averiguaciones”.

Repuntan las denuncias en 2015

Pese a que hasta 2014, el promedio anual de denuncias provenientes de las auditorías practicadas por la CGC N era de 24, el año pasado sucedió algo inusual: se llegó a 237 delaciones en solo un año, es decir, 988% más de lo que en promedio se denunció anualmente en los últimos nueve años.

“Creo que esta alteración en relación con la media es producto en parte de la coyuntura que marcó al país en 2015, pero también creo que se debe a un entendimiento de las instituciones y los funcionarios, de una mayor demanda de la ciudadanía por una cultura de verdadera legalidad y transparencia. Además considero que se ha iniciado una etapa de competencia interinstitucional donde las entidades como el MP, la Contraloría o incluso la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) han iniciado una competencia por ver quién cumple con mayor eficacia sus mandatos, lo cual es sano y fomenta la eficiencia de los órganos de control”, puntualizó Ramírez.

 

 

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