Home > Columnas > Traslado laboral al 011

En épocas no muy lejanas se inventó el renglón 029 para remunerar a trabajadores temporales, quienes carecían de horarios y de oficinas. Estos empleados, cuyo sueldo se justificaba como “honorarios”, no establecían vínculo laboral con la empresa o institución del Estado; por lo tanto, estaban desligados de responsabilidades y obligaciones, salvo entregar un producto elaborado al término del contrato o en forma mensual, acompañándolo de factura y pagando su respectivo IVA.

Desde principios de los noventa se empezó a mal utilizar el concepto. El Estado se prestó a generalizar este tipo de contrato hasta pervertirlo. Hoy es una práctica común. Todo el mundo quiere contratar trabajadores y empleados públicos bajo este renglón: el gobierno, las universidades, las municipalidades, las portuarias. Desde profesionales hasta conserjes, en el Estado la mayoría de empleados viene desempeñándose bajo el 029. Muy alejado de su naturaleza original, el personal que labora bajo este contrato establece vínculo, trabaja en oficinas, está sujeto a un horario fijo y asume responsabilidades y funciones como un asalariado completo. Pero, como sabemos, se evaden prestaciones importantes, como la jubilación por vejez o incapacidad, atención médica y hospitalaria, vacaciones, suspensión por enfermedad o accidente, indemnización por despido injustificado, bono 14 y aguinaldo.

El Estado de Guatemala ha sido uno de los principales promotores de este fraude legal, al disfrazar relaciones de trabajo a través de la contratación civil de servicios técnicos o profesionales.

Esa situación ha llevado al Estado a ser ineficiente, corrupto y mediocre. Además, ha contribuido a la baja cobertura y calidad de los servicios de salud que presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ya que todos los empleados trabajando bajo esta modalidad no aportan ninguna cuota y por lo tanto no solo no tienen acceso a la salud, sino que debilitan las finanzas del seguro social, que descansa en un sector reducido de la población. En Costa Rica, casi el 100 por ciento de trabajadores está afiliado al seguro social. De esa cuenta, los mejores equipos y la mejor asistencia hospitalaria se encuentran en el seguro social y no en los hospitales privados. En cambio, en Guatemala es al revés. Se ha retrocedido a tal punto que la cobertura del IGSS anda apenas por el 17 por ciento.

Si todos los contratos se trasladaran al renglón 011 obtendrían beneficio los trabajadores, y el IGSS saldría ganando. Por otra parte, el Estado no perdería más de lo que invierte, considerando que el 98 por ciento de los juicios por demandas de prestaciones las pierde el Estado actualmente, por decisión de los jueces, ajustados a la conciencia social y al derecho.

Los Acuerdos de Paz establecen que el Estado debe crear condiciones que faciliten la incorporación plena de todos los trabajadores a la seguridad social. A 20 años de los Acuerdos de Paz, esa decisión adoptada por el Ejecutivo sería un gran adelanto. Todos ganaríamos.

El Estado de Guatemala ha sido uno de los principales promotores de este fraude legal.

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