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En camino de recuperar lo perdido

Como decíamos ayer, da día que pasa, nuevas sorpresas nos invaden. Si no es la captura de un político corrupto, es la solicitud de antejuicio contra otro o bien el descubrimiento de nuevos entramados criminales, a través de los cuales, muchos se enriquecían a costa de los impuestos pagados por los guatemaltecos.

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Ayer no fue la excepción. Aunque no hubo audiencia en el caso Cooptación del Estado, nuevos detalles salieron a luz pública. Esta vez, sobre las propiedades que con ese dinero mal habido adquirieron el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti. La mayoría de bienes no fue precisamente comprada por ellos, pero sí por sus operadores o, en algunos casos, como el de Baldetti, por su esposo Mariano Paz.

Las cifras son exorbitantes, cada vez que el fiscal encargado del caso interviene para ofrecer detalles de su investigación. Pero ayer, más que de cifras, se supo de los bienes adquiridos, una información que igual resultó escandalosa.

Todos sabemos que las propiedades en Antigua Guatemala andan por los cielos, en cuanto a costos se trata. Allí ya no se negocia ni en quetzales, pues la moneda de uso corriente en ese municipio es más el dólar y a veces hasta el euro. Y si hablamos de los números que integran cada precio de una propiedad, en la mayoría de casos no bajan de siete cifras.

Imaginemos entonces cuánto dinero pudo haberse invertido en 11 fincas compradas en esa localidad. Eso sin contar las otras 11  en el área de Chimaltenango, otro departamento de alta plusvalía.

Pues siguiendo el procedimiento legal previsto, el Ministerio Público (MP) anunció ayer que solicitará la extinción de dominio de esas propiedades y otras más. Entre estas, tres lanchas de motor, un helicóptero, más de 3 decenas de automotores de lujo y algunos otros bienes inmuebles como el usado para cancelar los honorarios del abogado de Baldetti, Mario Cano.

Hasta antes de conocerse estos datos, contabilizados formalmente, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ya habían embargado cuentas de la ex pareja presidencial hasta por Q40 millones.

Muchas han sido las opiniones sobre el tema. En las redes sociales con frecuencia se exige que devuelvan el dinero, sin que ello implique abandonar los procesos en su contra. Por lo tanto, los pasos del MP y la CICIG parecen ir en la ruta correcta, no solo en lo legal, sino también en lo que exige la opinión pública.

La historia no termina aquí, pues como lo han dicho en diversas oportunidades, tanto la fiscal Thelma Aldana, como Iván Velásquez, jefe de la CICIG, esto apenas comienza. A lo que se podría recuperar de lo apropiado ilícitamente por políticos, se suma también el embargo de cuentas a Marllory Chacón Rossell, acusada de ser una líder del narcotráfico. Así las cosas, estamos en el camino de recuperar lo perdido.

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