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Ven vacíos en cambios a Ley de Contrataciones

Los cambios efectuados a la Ley de Contrataciones del Estado, mediante el Decreto 9-2015 aprobado en noviembre pasado por el Congreso, tienen varios vacíos que la convierten en inoperante, al extremo de que casi todas las instituciones están prácticamente en una “contención del gasto, de hecho”.

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Esta es una conclusión del análisis que el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) efectuó a las reformas a esta normativa, que a decir de la abogada María Isabel Bonilla, amplía el ámbito de aplicación de la ley, flexibiliza el nombramiento de la autoridad responsable de la entidad contratante, crea la Dirección General de Adquisiciones sin suprimir a su antecesora, tipifica el delito del pacto colusorio, establece nuevas modalidades de contrataciones y licitaciones e introduce requerimientos más estrictos para la compra de fianzas.

Francisco Quezada, también del CIEN, explicó que el Congreso se quitó atribuciones que sí quedaron para otros organismos del Estado; por ejemplo, la autoridad que autorice la compra o contratación ya no será el funcionario de mayor rango en la entidad. Es decir “será alguien sacrificable” en caso de alguna demanda.

Añadió que los recientes casos de corrupción dados a conocer han provocado que los burócratas sean más reticentes a integrar juntas de licitación, aunque las reformas establecen que estas deben formarse con cinco titulares y cinco suplentes con calidad profesional similar.

Adicionalmente, todos los que participen dentro de la cadena de compras o contrataciones deben estar certificados por el ministerio de Finanzas Públicas, lo que incluiría a los ministros, secretarios, presidentes de organismos y de entidades descentralizadas, porque al final mtienen que dar su visto bueno para cualquier adquisición

Se retrasaría

Subasta inversa

Quezada dejó entrever que el sistema de compras mediante subasta inversa podría tener retrasos debido a incongruencias en la misma ley. Mencionó que en primer lugar el reglamento no ha sido emitido, pero lo preocupante es que le da a Finanzas un plazo de 12 meses para tener la plataforma informática para implementarlo.

No obstante, al Instituto Nacional de Estadística le dio 18 meses para que establezca los precios de referencia, que servirán de techo para comprar bienes.

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