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Juez Moto dicta fianzas para el Bufete de la Impunidad

Si alguien pensaba que los acusados en el caso conocido como el Bufete de la Impunidad serían los nuevos huéspedes del Mariscal Zavala, pues se equivocó. El juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, decidió otorgarles medida sustitutiva.

Luego de escuchar a la defensa de cada uno de siete de los sindicados en este proceso, Moto ordenó que fueran liberados a cambio de una fianza que, según cada caso, osciló entre los Q10 mil y los Q25 mil. La decisión del juzgador estuvo acompañada también de un arraigo, arresto domiciliario y la obligación de presentarse cada viernes a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), para estampar su huella digital en un registro especial.

Los favorecidos con la medida también deben nombrar a un representante que confirme y garantice su presencia en todas las audiencias para las que sean requeridos.

Tres señalados no pudieron gozar de este beneficio, pues guardan prisión por el proceso que se sigue en el caso de corrupción conocido como La Línea. Ellos son Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez; Miguel Lemus Aldana y Salvador González, alias Eco.

SON ABOGADOS

Cinco de los siete favorecidos son abogados litigantes: Ruth Higueros Alay, Luis Fernando Zapata, José Luis Montenegro, Jorge Luis Escobar y José Arturo Morales, alias Chepito. Todos habrían sido favorecidos con medida sustitutiva por la ahora exjueza  Marta Sierra, pues defendían a involucrados en el caso La Línea, por lo que se bautizó a ese proceso como el caso Bufete de la Impunidad.

Todos los señalados en ese juicio son acusados por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y cohecho activo.

Según el MP y la Cicig, estos abogados fueron contactados bajo la recomendación del prófugo Luis Mendizábal, quien habría preparado todo el entramado. Mendizábal pidió Q1.9 millones que, según él, servirían para sobornar a la jueza Sierra, pagar la fianza que ella impondría y, por supuesto, cancelar los honorarios de los abogados.

Para presentar las acusaciones, el MP y la Cicig se auxiliaron de una serie de audios, producto de intercepciones telefónicas. En ellos se podía escuchar a Mendizábal organizar el entramado y ofrecer a Javier Ortiz y a sus hijas, que no se preocuparan, pues el teniente Jerez no pasaría más que una noche en la prisión. Según él, todo estaba previamente planeado y fríamente calculado.

Con lo que Mendizábal no contaba, era con que sus conversaciones estaban siendo escuchadas de manera legal y que también eran grabadas para luego poder usarse como pruebas en su contra ante un juez competente.

Fue así como se descubrieron los nombres de todos los involucrados, incluida la jueza Marta Sierra, que sería la contactada para garantizar los ofrecimientos de Mendizábal.

Esta condición de la jueza daría lugar a que el actual juez contralor del caso, dudara en otorgarle medida sustitutiva. Sin embargo, ante los argumentos de su abogado, Francisco García Gudiel, en torno a supuestos quebrantos de salud de la exjuzgadora, los cuales estarían corroborados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), terminó aceptando que se fuera a su casa.

La medida, según Moto, por supuesto, solo es temporal, mientras en alguna cárcel se prepara un espacio adecuado para evitar complicaciones con su salud.

Beneficiados 

Los cinco abogados favorecidos con fianza y arresto domiciliario por la decisión del juez Tercero de Instancia Penal, Mynor Moto, son:

Ruth Higueros Alay

Luis Fernando Zapata

José Luis Montenegro

Jorge Luis Escobar

José Arturo Morales,
alias Chepito

Las revelaciones de Eco

El colaborador eficaz tenía dinero en su oficina

Salvador González, alias Eco, reapareció en la escena judicial. El colaborador eficaz en casi todos los proceso de corrupción que se conocen actualmente en los tribunales de justicia, declaró ayer ante el juez Tercero de Primera Instancia Penal, para dar detalles sobre el caso Bufete de la Impunidad.

“Javier me dijo en repetidas ocasiones que no me preocupara, que todo estaba bien”, dijo Eco al contar que todo estaba preparado para que los ayudaran con imponerles una medida sustitutiva al momento de ser presentados ante un juez.

Para ese momento, el teniente Jerez y González ya se encontraban detenidos, pues estaban también vinculados al caso La Línea. De hecho, se trata de dos casos íntimamente ligados, pues en La Línea se procesa a los presuntos corruptos y corruptores, mientras que en el Bufete de la Impunidad se procesa a los abogados de ambos grupos.

En otra parte de sus declaraciones de ayer, Eco relató que “la señora jueza comenzó a resolver casi de inmediato, al solo escuchar al último de los abogados presentar sus argumentos. Nos dio la medida sustitutiva y así se cumplió lo que prácticamente me habían dicho que sucedería”.

En su historia, Eco contó también que en su oficina tenía guardados Q750 mil en una caja. Le pidió al “licenciado Solórzano” que fuera a recoger ese dinero para que lo tuviera por cualquier cosa que se necesitara y reveló que, sin su autorización, Solórzano habría tomado Q150 mil de esa caja para pagar la fianza de Javier Ortiz.

Los ahorros

Guardados en caja

Q750 mil en efectivo guardaba Eco en su oficina.

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