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Reformas al Sistema de Justicia guatemalteca

Los doctores en ciencias penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, organizados en la Asociación Guatemalteca de Derecho Penal y Criminología (AGPEC) analizaron cómo se está realizando la propuesta del cambio. Notan que hay organizaciones criminales, enclaustradas en la Corte Suprema de Justicia, órganos jurisdiccionales del país, lo que se debe tener en cuenta. No se oponen a la reforma del sistema de elección de las comisiones de postulación de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Cortes de Apelaciones y Tribunal Supremo Electoral.

El procedimiento es incorrecto. Se oponen a que sea cambiada la Constitución Política de la República de Guatemala, por medio del voto de la mayoría calificada de uno de los organismos del Estado, señalados de ser corruptos y corruptores, como lo es el Congreso de la República. O por medio de electoreros se busque convocar a consultas populares para reformar artículos que son el sustento de la Justicia en Guatemala.

No niegan la existencia de jueces y magistrados venales en el sistema de justicia, pero están sabidos de que son los menos y que por unos, están siendo evaluados todos los que calificaron bien como titulares o como suplentes. Recuerdan que los jueces son designados por los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, electos por las tradicionales y pocas transparentes comisiones de postulación. Ellos opinan que, de igual manera, tanto los magistrados titulares de las salas de apelación del país como de la Corte Suprema de Justicia, fueron definidos por el Congreso de la República, de donde se conoce a  numerosos procesados por negocios turbios, actos de corrupción y abuso de autoridad.

Por la elección poco transparente de numerosos magistrados titulares de salas de apelación, se sabe que están comprometidos con los congresistas o debían favores a otros sectores. Se sabe, que quienes están resolviendo en segunda instancia se han quedado en deuda y han tenido que recurrir a los magistrados suplentes que debieron haber ocupado la titularidad, pero al no ser corruptos, fueron designados suplentes.

Los doctores en ciencias penales consideran que no se debe obligar a realizar cambios que perjudiquen un sistema que es insuficiente, como el propio ser humano y que puede evolucionar en algo mejor si cuidamos valores fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la búsqueda de la verdad.

Los doctores en Ciencias Penales consideran, como estudiosos del derecho penal, que se les debe tomar en cuenta por parte del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Ejecutivo, para que junto a otros estudiosos y expertos estudien la factibilidad de los cambios que se están impulsando.

Se sabe que muchos magistrados están comprometidos con los congresistas o debían favores a otros sectores.

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