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Dos alcaldes y un exjefe edil fueron denunciados

Negarse a brindar información pública a la población les ha significado una acusación formal a dos jefes ediles y otro más que entregó el cargo en enero pasado. Los tres fueron denunciados ayer ante el Ministerio Público (MP) por Acción Ciudadana (AC), cuyo representante se amparó en documentos presentados por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

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“La Ley de Acceso a la Información Pública tiene vigencia desde 2009 y la han negado”, hizo ver el notario Edie Cux García. Se trata de Selvin Omar Villatoro, alcalde de Aguacatán, Huehuetenango; Gregorio Tomás Chávez Matul, jefe edil de San Francisco La Unión, Quetzaltenango; y Celso Gumersindo García Gramajo, exalcalde de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez.

“Además, hicimos una denuncia pública porque se ha dado persecución en contra del ciudadano activista Anuer Manolo Palacios Ordóñez, por solicitar información en la comuna de Aguacatán,  quien también ha presentado denuncias por plazas fantasmas y nombramientos ilegales, pues Villatoro es yerno de la exdiputada Mirza Arriaga, señalada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por anomalías en contrataciones”, indicó.

Villatoro denunció a Palacios por injuria y difamación y el juez de Paz de Huehuetenango lo ligó a proceso. “Nos pronunciamos públicamente para que el juez resuelva conforme a derecho, pues a pesar de que es un hecho menor, lo que molesta es que se le persiga por ejercer su derecho”, acotó Cux García.

La ley especifica que quien solicita información solo debe cubrir costos de reproducción, es decir fotocopias, pero en el caso de Pueblo Nuevo, les cobran hasta Q15 por hoja electrónica y Q25 por auténtica certificada.

Lo mismo ocurrió en Aguacatán, donde a Palacios le llegaron a pedir hasta Q3 mil por reproducciones de copias de planillas 011 y 022, y ejecución presupuestaria.

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