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CSJ da luz verde para conocer antejuicios

Después de 14 días, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió ayer los trámites de antejuicio contra los diputados Luis Rabbé, Arístides Crespo y Manuel García Chutá, por su implicación en la creación de Plazas Fantasmas y en contratos irregulares en el Congreso de la República.

Serán ahora los jueces pesquisidores Sonia de la Paz, Telma Nohemi del Cid y Jorge Valladares, respectivamente, quienes decidirán si retiran la inmunidad a los congresistas para que sean investigados, informó el portavoz de la CSJ, Ángel Pineda.

Hace dos semanas, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), solicitaron que se incluyera a los tres diputados en la lista de siete involucrados en la creación de puestos de trabajo  inexistentes en el Legislativo.

Por este caso, ya son procesados cuatro exdiputados: Alfredo Rabbé, Carlos Herrera, Edgar Cristiani y José Luis Mijangos.  Este último también fue director general del Congreso.

Los diputados señalados fueron integrantes de la Junta Directiva del periodo comprendido del 14 de enero de 2015 al 14 de enero de 2016, presidida por Rabbé.

Los diputados Julio López Villatoro, segundo vicepresidente, y Selvin García Velásquez, tercer vicepresidente en ese entonces, renunciaron a sus curules semana pasada, supuestamente para no entorpecer el proceso, según indicaron al dimitir.

Mientras tanto, los expedientes de los congresistas César Fajardo Morales y Carlos López Girón, se encuentran a la espera de revisión por la Cámara de Amparo y Antejuicios, por lo que será hasta el próximo miércoles cuando los conozca el Pleno.

El MP y la Cicig acusan a los diputados de nombramientos irregulares y Plazas Fantasmas, lo que implica los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción. Alos expresidentes del Congreso, Luis Rabbé y Arístides Crespo, se les sindica además de nombramientos ilegales.

Según la investigación, los diputados liderados por  Rabbé, contrataron de manera irregular a decenas de personas que no llenaban los requisitos profesionales para ocupar ciertos cargos, y en muchos casos, ni siquiera se presentaban a laborar, aunque cobraban sueldos de hasta Q20 mil.

Asimismo, los entes investigadores recabaron evidencias de que muchas personas figuraban en la planilla del Lesgislativo, pero laboraban en otras dependencias estatales o entidades privadas.

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