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Q59 millones en sacos con oro y plata

Las fuerzas de seguridad, en coordinación con el Ministerio Público (MP), llevaron a cabo ayer por la mañana un millonario decomiso al incautar un estimado de 74 sacos que contenían concentrado mineral con oro y plata, al que se le calcula un valor que supera los Q59 millones, según la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente.

Las acciones se efectuaron en tres inmuebles ubicados en una de las plantas del proyecto Progreso VII Derivada, de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua), conocido como La Puya. Los allanamientos se registraron la 1a. avenida 3-45, zona 4 de San José del Golfo, y en la finca Soprana o Prenatura, kilómetro 35 ruta al Atlántico, aldea Agua Caliente, San An-
tonio La Paz.

Durante el operativo, las autoridades constataron, a través de una prueba de laboratorio inmediata, que se trataba de concentrado de oro y plata, además de comprobar que, pese a que Exmingua tiene suspendida la licencia de explotación minera, sigue operando.

Por ello se continúa con las investigaciones, dijo Aura Marina López, jefa de la Fiscalía a cargo de las acciones.

“Lo que se interpreta es que han hecho caso omiso y siguen explotando, lo cual es penado por la ley, pues de ser así, incurren en el delito de explotación ilegal de recursos naturales”, aseguró en conferencia de prensa Mayra Véliz, Secretaria General de MP.

Al ser consultada sobre si continúa la investigación en contra de las autoridades de Exmingua o particulares, Véliz hizo ver que las pesquisas en torno al caso siguen, pero deben agotarse los procesos para determinar si hay responsables.

Un vistazo a la cuantificación de lo descubierto por el MP (confiscaciones de productos por Q59 millones) permite ver el contraste con la penalización del hecho imputado, pues el castigo apenas es de entre dos y cinco años de cárcel.

ANTECEDENTES

El 30 de septiembre de 2011, el Ministerio de Energía y Minas, durante el Gobierno de Álvaro Colom, otorgó el derecho de exploración y explotación de productos mineros de oro y plata a la empresa mencionada por un plazo de 25 años, proyecto identificado como Progreso VII Derivada.

Pero el 29 de agosto de 2014, la Organización Centro de Acción Local Ambiental y Social de Guatemala (Calas), interpuso una acción constitucional de amparo, al argumentar que era obligación del Estado de Guatemala contar con la participación de los pueblos indígenas, en decisiones que puedan afectarles; consultarles y obtener su consentimiento previo, libre e informado de acuerdo con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales.

El 11 de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia otorgó el amparo provisional interpuesto por Calas, y dejó en suspenso la licencia de explotación de Exmingua.

El 22 de febrero pasado, la Corte Suprema de Justica dejó inhabilitada a Exmingua para que pueda explotar minerales, pero el 18 de marzo de este año, el MP inció las investigaciones por la posible comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales.  Las   evidencias recabadas ayer por el MP indican que se hizo caso omiso de las disposiciones, según Calas.

Además, ya habían ingresado otras denuncias. Por ejemplo, que hace algunas semanas, varios helicópteros transportaron grandes sacos cargados de concentrado mineral de oro y plata para colocarlos sobre vehículos que los transportarían fuera de las instalaciones de operación directa de la mina.

Siglo.21 intentó obtener la versión de Exmingua,  donde respondieron que en ese momento no podían emitir opinión alguna pero que se pronunciarían oficialmente sobre el caso hoy, en una conferencia de prensa.

EL CONTEXTO

La actividad minera ha dado lugar, por años, a conflictos sociales en el país. También ha habido rechazo de la población a otros proyectos como el de la Mina San Rafael, en Santa Rosa; o Mina Marlin, en San Miguel Ixtahuacán, en San Marcos, solo por mencionar
unos ejemplos.

Entre los principales argumentos de los opositores a este tipo de industria extractiva está el daño que los trabajos de exploración y explotación ocsionan al medio ambiente en términos de contaminación, así como la “ridícula” cantidad que representan las regalías que este negocio entrega al Estado y que no llega ni al 2 por ciento de lo explotado.

Los empresarios, por supuesto, siempre han rechazado esas acusaciones. Por un lado aseguran que, aun cuando cumplen con entregar lo que la ley establece, voluntariamente han elevado los montos de las regalías hasta el 10 por ciento. Por otro, niegan que los efectos contaminantes existan.

Sea como sea, esta vez han perdido los segundos, pues por orden legal debieron mantener suspendidas las operaciones de la mina, pero no fue así y el MP parece haberlos atrapado con las manos en la masa.

Los denunciantes hablan

Algunos analistas que creen que el castigo no es proporcional al delito

Las denuncias en contra de Exploradora Minera de Guatemala (Exmingua) no han sido pocas. Entre otras está la de la diputada Sandra Morán, quien también pidió al inicio de este año la suspensión de las operaciones extractivas en La Puya.

Pero quizá la más efectiva terminó siendo la interpuesta por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), a través de una demanda encabezada por Rafael Maldonado, uno de los dirigentes de la entidad. “Nosotros desde el 22 de febrero dijimos que la mina había perdido su capacidad de explorar oro, pero lo siguieron haciendo y lo denunciamos a la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Maldonado.

Según Calas, de esa fecha al día de hoy, en La Puya se habrían extraído unas 30 toneladas de oro y plata, a través de otras empresas mineras del país que actuaron como cómplices en el ilícito. “Creemos que se ha conformado un cuerpo clandestino y han robado la riqueza mineral. Por eso pedimos al MP que ahora se proceda con la captura de los responsables, tanto a nivel local, como internacional”, sostiene Maldonado.

Yuri Melini, director de Calas, dijo que “el problema radica en que la legislación vigente, Ley de Minería, es prácticamente una licencia que permite la depredación de los bienes naturales del país y, segunda, hay debilidad en las carteras de Energía y Minas y Medio Ambiente, pues no tienen capacidad coercitiva para hacer valer la ley”.

DESPROPORCIONADO

Gerson Sotomayor, abogado y analista político, ve la situación desde otro punto de vista. Según él, “lo que ahora se ha incautado con el tipo de delito que se castigaría resulta en una relación desproporcional”.

Sotomayor se refiere a que mientras lo incautado, de momento, asciende a Q59 millones, el castigo podría no ir más allá de 5 años de cárcel para los responsables.

Además, dice, “en países como Chile, las industrias mineras reportan el 50% de regalías al Estado y también pagan los impuestos que  corresponden. El Ministerio Público debe plantear persecución penal, pues nunca se había perseguido este delito debido a la gran injerencia económica en el país, por parte de estas empresas”.

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