Home > Editoriales > La Puya: minería, conflicto y legalidad

La Puya: minería, conflicto y legalidad

Un incidente talvez fortuito, ocurrido hace casi un mes, llevó a la detención de cuatro trabajadores de la mina Progreso VII Derivada, quienes
transportaban varios costales, en los cuales se descubrió concentrado de oro y plata.

El hallazgo, en otras circunstancias, no habría tenido relevancia. Pero sucede que una resolución de la Corte de Constitucionalidad del 5 de mayo, que ratificaba una decisión previa de la Corte Suprema de Justicia, obligaba a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, propietaria de la mina conocida como La Puya, a suspender operaciones.

Así, la detención de los cuatro empleados de Exmingua se convertía en la prueba fehaciente de que la minera estaba irrespetando disposiciones de los más altos tribunales del país. Es más, desafiaba el hecho de que la diputada Sandra Morán había entablado, desde mediados de marzo último, un reclamo ante el Ministerio Público para que se la persiguiera penalmente por el delito de explotación ilegal de recursos naturales.

Es del conocimiento público, documentado con fotografías y videos que circularon en las redes sociales, que la empresa llegó a contratar helicópteros para sacar por aire grandes bultos en los que, se sospecha, se transportaba el oro y la plata extraídos ilegalmente, dada la vigencia
de la primera orden de cierre de operaciones dictada por la CSJ.

¿Cómo se explica que la empresa actuase con tanto desparpajo? La respuesta puede resumirse en dos palabras: certeza de impunidad.

Después de gozar de la protección de tres gobiernos (Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y Alejandro Maldonado), después de coquetear con
el exministro de Energía y Minas, Juan Pelayo Castañón (ya durante el actual gobierno) y de utilizar reiteradamente a la Policía Nacional Civil
como fuerza de choque para disolver la resistencia de las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo opuestas a la explotación
minera, Exmingua no leyó bien la coyuntura nacional y creyó que podía seguir actuando como si en el país no hubiese pasado nada desde abril de 2015, e ignoró las señales de los casos de Aceros de Guatemala y la Terminal de Contenedores Quetzal.

Aún pudo haber creído que era posible mantener el estado de impunidad, después de que, sintomáticamente, un juzgado de turno ordenara la liberación de los trabajadores de Exmingua, “por falta de mérito” y dispusiera devolver a la empresa el material incautado.

Pero esa fue una victoria pírrica. Ayer, como informamos en esta edición, el MP realizó allanamientos en instalaciones de la empresa, incautó bultos presuntamente con material concentrado de oro y plata, inmovilizó la maquinaria y clausuró los inmuebles. En otras palabras, el MP volvió a ejercitar sus músculos para que se hagan efectivas las resoluciones de la CSJ y la CC. Bien hecho.

.
.

Leave a Reply