Home > Columnas > Inmunidad e impunidad (I)

El hecho de que en las mesas de análisis para la reforma constitucional de manera contundente se haya pedido que ningún funcionario goce de antejuicio, no es sorpresa ni casualidad. Hemos llegado hasta aquí porque la función pública no ha mantenido su decoro en sus actividades ni de su vida privada. Olvidamos que nos sometemos al criterio público y somos responsables de nuestros actos personales o de nuestra función.

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En mi caso, esta demanda contundente genera un sentimiento encontrado por desempeñarme como jueza. Siento preocupación y pena de que si nos retiran la inmunidad, abogados astutos puedan impulsar litigios maliciosos contra quienes de forma independiente e imparcial ejercemos la judicatura porque nos toca decidir contra los intereses de uno de los sujetos procesales.

Actualmente, en algunos casos nos acusan falazmente de faltas administrativas; es decir, priva el litigio malicioso porque ciertos abogados, en lugar de utilizar la vía recursiva contra la resolución, interponen una queja con el fin de presionar para que a la próxima se resuelva en su favor.

Una queja contra un juzgador supone un sentimiento de angustia y sufrimiento mientras se desarrolla el proceso administrativo, pues mucho de su tiempo para administrar justicia deberá utilizarlo en su defensa, lo cual incide en detrimento de una justicia pronta y cumplida.

El problema en Guatemala es que, lamentablemente, todo se deforma en menoscabo de las instituciones o de buenas acciones. Hay ejemplos muy claros como en el amparo, la interpelación y las comisiones de Postulación.

El amparo, lejos de interponerse ante una real amenaza y violación a derechos fundamentales, se utiliza como acción espuria para dilatar la justicia.

La interpelación, que es una institución constitucional modelo en el ámbito latinoamericano encaminada a obtener el voto de censura contra funcionarios negligentes, se ha deformado en un mecanismo abusivo para bloquear la actividad legislativa o “poner de rodillas” al interpelado.

La realidad actual ha permitido advertir una reiterada mala actuación del funcionario público, que expone al sistema con gran crisis de legitimidad, lo que ha llevado al rechazo rotundo por parte de la ciudadanía para que este derecho se mantenga, porque lamentablemente promueve impunidad.

“El amparo, lejos de interponerse ante una real amenaza y violación a derechos fundamentales, se utiliza como acción espuria para dilatar la justicia”.

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