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Menores, a merced del crimen y la violencia

La semana que termina hoy, la última completa de mayo, dejó una estela noticiosa de la cual no podemos quejarnos quienes ejercemos el que Gabriel García Márquez describió como “el mejor oficio del mundo”: el periodismo.

Hubo de todo, desde las notas relativas a los consabidos escándalos de corrupción en los más altos organismos del Estado; el innecesario pugilato entre los presidentes del Ejecutivo y el Legislativo en torno a una incompleta reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; hasta la continuación imparable de atroces crímenes contra familias enteras.

Pero de toda la variedad informativa reportada en la semana, es del caso subrayar el sacudimiento de conciencias que debería producir la presentación de tres informes, los cuales arrojan luz sobre la gravedad de los problemas que aquejan a segmentos muy vulnerables de la sociedad guatemalteca.

Nos referimos al Informe de Situación de la Trata de Personas en Guatemala 2015, presentado el martes por la Procuraduría de los Derechos Humanos; el documento Trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala, elaborado conjuntamente por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, hecho público el jueves último, y el texto Violencia, niñez y crimen organizado, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado ayer en esta capital en un acto auspiciado por la entidad promotora de los derechos de las y los menores, Plan Internacional.

Uno de los varios temas convergentes en los tres informes, tal vez el más preocupante, es el relativo a la vulnerabilidad ante el crimen y la violencia en que se encuentran en la sociedad guatemalteca las niñas, niños y adolescentes. Como se dijo ayer en la presentación del informe de la CIDH, las y los menores constituyen el eslabón más débil de la cadena de las grandes vulnerabilidades que aquejan a segmentos mayoritarios de la población.

Los tres informes concuerdan en alertar sobre las graves debilidades, cuando no complicidades, de la institucionalidad pública y la preocupante permisividad social respecto de prácticas violatorias de los derechos esenciales, de las cuales resultan víctimas primarias, precisamente, las niñas, niños y adolescentes.

Trabajo forzado, explotación sexual, pornografía y reclutamiento forzoso en grupos criminales, en suma, la trata de personas en varias de sus diversas modalidades, afectan severamente a las y los menores en Guatemala.

Literalmente, están a merced del crimen y la violencia. Y que lejos están, debemos reconocerlo con amargura, del sueño que tuvo el poeta mártir Otto René Castillo cuando escribió: “los niños serán alegres / volverán otra vez a reír / otra vez a nacer en los jardines”.

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