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Celebran las acciones judiciales

Un poco contrariados, pero fingiendo seriedad, varios diputados opinaron sobre la solicitud de retiro de inmunidad contra varios de sus compañeros.

El presidente del Congreso, Mario Taracena, comentó que este poder del Estado está en plena disposición de colaborar, aportando toda la información que requieran los fiscales del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), lo cual se demostró permitiendo el “secuestro” de información para esclarecer el caso de las plazas fantasmas.

Sobre el involucramiento de dos expresidentes Congreso en estos delitos, dijo que “estamos sacudiendo el palo de mangos que están podridos y se va a limpiar”. Luego calificó de positivo que se esté solicitando el derecho de antejuicio contra Luis Rabbé y los diputados que integraron la junta directiva.

Entre tanto, el jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Orlando Blanco, expuso que el comité ejecutivo de esa agrupación política tendrá que analizar y evaluar cada uno de los casos donde integrantes de ese bloque legislativo estén involucrados para decidir lo que corresponde.

“El partido no va a apañar a nadie que esté involucrado en cualquier hecho anómalo; cada diputado debe dilucidar su situación jurídica”, dijo.

El jefe de la bancada Movimiento Reformador (MR), Boris España, lamentó que el Legislativo sea hoy el Organismo con el mayor desgaste por hechos de corrupción.

“Estos casos deben servir para fortalecer y construir un mejor Congreso, que represente claramente los intereses del pueblo de Guatemala; estas prácticas recurrentes deben eliminarse”, declaró.

QUE APRENDAN LA LECCIÓN

Por su parte, la Cicig concluyó en que en la presidencia, tanto de Arístides Crespo, como de Luis Rabbé, resulta evidente que ambos funcionarios faltaron a sus deberes de debida diligencia en el cuidado del presupuesto del Congreso facilitando y autorizando la contratación de personal innecesario, que no cumple con el perfil para el puesto y con salarios excesivos.

“Los miembros de la Junta Directiva, incluyendo ambos presidentes, se coludieron con la intención de generar un gran número de contrataciones anómalas e ilícitas para favorecer a determinadas personas y a sí mismos en detrimento del patrimonio del Estado y de la coherencia y legalidad del sistema de personal del Organismo Legislativo”, indica.
“Se ha producido una superpoblación de personal en el Congreso que ocasiona un impacto financiero importante y negativo; aparte de  que se  entendió la participación en la Junta Directiva como un botín para el enriquecimiento anómalo”, afirmó.

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