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Sofocos y prisas de última hora en la PGN

De la aún Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán de Letona, puede decirse sin mucho riesgo de equivocación, que está dando patadas de ahogado. Pero no se piense que es asunto de ayer.

Mientras gozó de la confianza del expresidente Otto Pérez Molina, quien la nombró en el cargo después de su conveniente (para el propio exmandatario y su partido) paso por el Tribunal Supremo Electoral, a la PGN saliente no se le vio, dicho en buen guatemalteco, ningún aire con remolino. Ni fu, ni fa.

La crisis del gobierno de Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como el interinato de Alejandro Maldonado Aguirre, los pasó en una situación que en el lenguaje castrense, acaso conocido por su relación conyugal, se describe como “silueta baja” y en el mundo civil como “perfil bajo”. Ni fu, ni fa.

Pero después del 14 de enero de 2016, más exactamente desde que el presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, destapó el escándalo de las plazas fantasma y los incrementos salariales amparados en el vergonzoso pacto colectivo de condiciones de trabajo en ese organismo del Estado, entonces se vio a la Procuradora Villagrán de Letona muy activa, ofreciendo revisar y hasta gestionar la declaración de lesividad, de ese y otros pactos colectivos en instituciones del Estado.

¿Qué pasó con aquellos ofrecimientos? Acertó, amiga o amigo lector: ni fu, ni fa.

Cuando estalló el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), también se vio a una Procuradora Villagrán de Letona muy voluntariosa, afirmando que gestionaría la lesividad de ese negocio. Eso sí, siempre que se lo ordenara el presidente de la República, Jimmy Morales. La pelota de esa todavía esperada acción legal fue y volvió varias veces de la zona 1 a la zona 13. Otra vez, ni fu, ni fa.

A diferencia de los aspavientos previos, en este caso la pita se rompió por lo más delgado: Villagrán de Letona presentó su renuncia, “por motivos personales”, la cual se hará efectiva a partir del martes de la próxima semana.

Pero la Procuradora no quiso irse por la puerta de atrás, sino haciendo sonar fuerte la entrada principal del suntuoso edificio de la 15 avenida de la zona 13: ayer anunció que este viernes presentará la solicitud de nulidad de 19 contratos de usufructo oneroso, que se han concedido para el manejo de espacios y servicios en Puerto Quetzal.

Aunque tardía, la acción de la PGN podría evaluarse positivamente, si no fuera por los antecedentes que hemos reseñado y porque hay la sospecha, en corrillos parlamentarios, de un intento de embrollar el caso TCQ, exculpar a uno de los principales acusados (sí, adivinó) y presentar al exinterventor Allan Marroquín como la “cabeza de turco” necesaria para descargar todas las responsabilidades.

Está por verse si suena esa flauta, o si, de nuevo, ni fu, ni fa.

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