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PGN pedirá nulidad de 19 contratos

María Eugenia Villagrán, Procuradora General de la Nación hasta finales de este mes, quiere despedirse en grande. Ayer anunció que este viernes presentará la solicitud de nulidad de 19 contratos de usufructo oneroso que se han concedido para el manejo de espacios y servicios en Puerto Quetzal. Así es que si alguien pensaba que el caso TCQ era un dolor de cabeza, la información hecha pública por Villagrán hace que los puertos se vuelvan una jaqueca para el Estado.

Esa fue la conclusión a la que llegó el equipo de análisis jurídico de la PGN, luego de revisar los 29 contratos de esa naturaleza vigentes a la fecha.

Otra de las sorpresas develadas por Villagrán, fue que los 19 contratos con anomalías fueron refrendados por el exinterventor Allan Marroquín, quien se encuentra prófugo, con orden de captura internacional, y alega inocencia a través de un video colgado en una red social.

De acuerdo con la Procuradora General, lo descubierto por sus abogados fue la forma en que Marroquín escondió sus “acciones ilícitas”, para hacerlas parecer jurídicamente aceptables. Indicó Villagrán que los contratos se fundamentaron en el artículo 95 de la Ley de Contrataciones, que explica lo que es una concesión. Sin embargo, afirmó que “el Código Civil es claro al explicar lo que es la figura del usufructo, por lo que ese tipo de contratos deben concederse como figuras de derecho civil y no como de la Ley de Contrataciones”.

“Lo que se hizo en estos casos fue simular una concesión, tal como se actuó en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), pues la ley es clara al prohibir que un servicio público se ceda de la forma en que se hizo”, enfatizó Villagrán.

Para respaldar su hipótesis, la abogada del Estado envió un oficio a la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN), con el propósito de que le informe si esos usufructos han sido sujetos de hallazgos o irregularidades en su manejo financiero. Ante ello, el subcontralor Felipe Fernando Fernández explicó que ya se solicitó toda la documentación a la portuaria, a efecto de efectuar el análisis financiero forense que respalde las actuaciones de la PGN.

“Tenemos un equipo de abogados contralores que trabajan en conjunto con el departamento jurídico de la PGN, para garantizar la solidez de la petición de nulidad que se presentará en los 19 casos”, afirmó Fernández.

Pero Puerto Quetzal no es el único en el que se centran las investigaciones, tanto de la PGN como de la CGCN. También se efectúan análisis de casos en los otros puertos.

Santo Tomás de Castilla, por ejemplo, está pendiente  de enviar una serie de documentos que le fue requerida a su administración. Debe recordarse que allí, entre otros casos, resalta la denuncia de malos manejos por Q373 millones.

En Puerto Barrios, en tanto, está el caso de la cesión del muelle a la multinacional Chiquita Brands,  otorgado  originalmente a la Compañía Bananera Independiente de Guatemala (Cobigua), que habría cedido su derecho a la primera, a lo que se agrega una extraña extensión del contrato de usufructo por 33 años, que vencen en el 2048.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala (EC), ve bien que la Procuradora actúe como lo hace, pero lamenta que antes no haya evidenciado verdadera voluntad “y más bien parecía encubrir al expresidente Otto Pérez Molina, quien la nombró en el cargo”.

Boris España, diputado del Movimiento Reformador, urgió a la funcionaria para que actúe en la declaratoria de nulidad de todos los contratos y para que los recursos que se reciben pasen a formar parte de las arcas del Estado.

Ma. Eugenia Villagrán

PGN

“Intentaron disfrazar las anomalías usando la Ley de Contrataciones del Estado”.

Felipe Fernández

subcontralor general de cuentas de la nación

“Tenemos un equipo jurídico trabajando con la PGN para determinar los ilícitos en los contratos”.

Revisan 27 contratos en el Aeropuerto La Aurora

Comisionado presidencial revela que varios incumplen las leyes

Al conjunto de anomalías en contratos de usufructo oneroso, en los puertos marítimos del país, ahora se suman otros hallazgos, pero en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Enrique Godoy, comisionado presidencial para Puertos y Aeropuertos, dijo ayer en el Congreso de la República que se encuentra analizando, junto con su equipo legal, 27 contratos de usufructo y arrendamiento en el aeropuerto La Aurora.

Aunque dijo que de momento no puede revelar detalles, menos nombres para no afectar las investigaciones, afirmó que tres de los contratos de usufructo oneroso en la terminal aérea ya están bajo la lupa. El resto son contratos de arrendamiento de espacios comerciales, 14 de los cuales ya pasaron, según Godoy, al proceso administrativo de rescisión.

“El caso especial es el del parqueo del aeropuerto, pues se encuentra en un proceso de lo contencioso administrativo, por lo que para recuperar su manejo operativo deberá cumplirse primero una serie de pasos que la ley exige”, afirmó Godoy.

El comisionado reveló que analiza una serie de contratos de hangares que están cometiendo ilícitos, pues la mayoría han subarrendado su espacio y quienes han llegado operan bajo términos de actividades no permitidas, lo cual da lugar a rescindir los contratos.

Casos similares ocurren con varios locales comerciales. “El asunto es que las leyes que rigen a la Dirección General de Aeronáutica Civil son claras al prohibir ese tipo de subarrendamientos”, enfatizó Godoy.

Existen otras variaciones de contratos que se están rescindiendo, según el comisionado. Se trata de espacios cedidos a dos distribuidoras de telefonía celular y otro a una venta de café, los que estaban en áreas estrictamente designadas para pasajeros, por lo que no se puede hacer más que retirarles ese derecho, comentó Godoy.

Los problemas en el aeropuerto son tales, que recientemente la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna) decidió cancelar un aporte económico que haría para la reparación del aire acondicionado. Aunque se desconoce la razón de la medida, hay quienes piensan que es el resultado de los múltiples casos de corrupción que se han destapado en Guatemala.

29 contratos se analizaron para tomar la decisión.

19 contratos anómalos firmó Allan Marroquín.

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