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Mireya Batun Betancourt

Jueza sobreviviente

El sistema de justicia requiere de los mejores juristas para dirigir un juzgado, pues deberán resolver los conflictos de la sociedad, garantizar los derechos humanos y consolidar la paz social; decisiones que permitirán fomentar la democracia en un Estado de derecho.

Las sociedades modernas demandan una justicia pronta y cumplida, de ahí la necesidad de que el poder judicial tenga personal de excelente calidad, que garantice efectividad en sus funciones. En ese sentido se apela a que la conducta de los administradores de justicia se enmarque en cánones de ética, respeto mutuo, cordialidad y colaboración profesional entre colegas y personal de apoyo para que la aplicación de la justicia sea eficiente.

Es inaceptable que la columna vertebral de los funcionarios judiciales no sea la observancia de una cultura ética, toda vez que ésta va contra el comportamiento corrupto, la falta de vocación, la irresponsabilidad y la ausencia de conciencia social.

La frase de Francisco de Quevedo: “Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”, puede seguir vigente si le damos la potestad de juzgar a la persona equivocada. El juez debe velar para que sus actuaciones respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su delicada función y también fortalezcan el respeto y la confianza en la judicatura, como lo exige el artículo 5 de las Normas Éticas del Organismo Judicial.

La excelencia en la gestión judicial plantea la obligatoriedad de la conducta ética de los funcionarios judiciales conforme a valores y principios que cobren vida al administrar justicia, y se conviertan en hábitos colectivos que otorguen identidad y credibilidad al sistema judicial. El juez debe ser respetuoso en el trato con las partes procesales y la ciudadanía, en su relación laboral con sus colegas jueces y empleados, evitando hacer críticas infundadas que tiendan a menospreciar el prestigio de los demás.

Es decir, los jueces deben fomentar normas de conducta que se traduzcan en un comportamiento profesional intachable, creíble y un proceder personal ejemplar en todos los aspectos de su vida, para fomentar el prestigio del sistema judicial y administrar justicia con equidad, imparcialidad, honestidad, transparencia y respeto a la dignidad humana.

Es necesario  que el poder judicial tenga personal de excelente calidad, que garantice efectividad en sus funciones.

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