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La eliminación del antejuicio

La lucha contra la corrupción y la impunidad debe librarse en numerosos frentes. Uno de ellos es la garantía del acceso pleno e incondicional a la información pública –con las excepciones que indica la Constitución– para que los asuntos públicos sean manejados como que si los funcionarios se encontraran en una vitrina. El secreto y la opacidad son caldo de cultivo de la corrupción. Otro es el efectivo funcionamiento de los órganos de control y la garantía de su independencia ante los poderes del Estado.

Otro frente, incluido en la propuesta de reforma constitucional presentada por los presidentes de los tres organismos del Estado es la supresión del antejuicio. La plantearon solamente para los alcaldes y, como frijol que se arruga al primer hervor, el presidente Morales no tardó mucho en ceder. A menos de 20 días del anuncio de la reforma, al acudir ante la asamblea de la ANAM y en una nuestra de extrema debilidad, de sometimiento a los alcaldes que en su mayoría conforman uno de los principales reductos de la corrupción, capitula y les ofrece que luchará porque no sean despojados de ese sagrado derecho.

Como señalamos en una columna anterior, debe eliminarse ese privilegio, totalmente desvirtuado y pervertido en los últimos años, al convertirse en una barrera generalmente infranqueable para eludir la acción de la justicia. Al presidente Morales se unió el presidente del Congreso, argumentando que al eliminar dicha inmunidad (debió decir impunidad) los alcaldes trabajarán en contra de las reformas. Otra muestra de flaqueza y dependencia ante los caciques locales. Hace cuatro años, cuando Pérez Molina presentó la segunda versión de su propuesta de reformas, incluyó el incremento del aporte constitucional a las municipalidades, sin justificación alguna, porque buscaba comprar el apoyo de los alcaldes, en forma similar a como se hizo en 1993, cuando se les aumentó del 8% al 10%. El actual presidente de la ANAM planteó al inicio de año que impulsará un aumento del aporte.

Así que, en lugar de amarrarles las manos con la supresión del antejuicio, es probable que propongan aumentar la cuantía del botín a disposición de los alcaldes.  Y por supuesto que tanto Morales como Taracena trabajan en su propio beneficio. Si se descarta la supresión del antejuicio para los alcaldes, menos se va impulsar para el resto de funcionarios actualmente beneficiados.

Consecuentemente, debemos exigir que se mantenga la propuesta de eliminar el antejuicio para los alcaldes y extenderlo al resto de funcionarios. Es posible que si ello sucede caigamos en una situación de abuso en el planteamiento de denuncias penales contra funcionarios públicos, pero será un costo menor si vamos a lograr un avance sustancial en la lucha contra la corrupción.

En lugar de buscar quedar bien con los alcaldes, el presidente Morales debe impulsar propuestas y actuar en forma coherente con su lema “ni corruptos ni ladrones”. El mismo día que anunció el gobierno abierto, se reúne a puertas cerradas con los propietarios de TCQ, usurpando atribuciones de la junta directiva de una entidad autónoma y descentralizada como es la Empresa Portuaria Quetzal.

La supresión del antejuicio no es algo accesorio o secundario. Es fundamental para realizar investigaciones previo a plantear una denuncia penal sólida. En el caso de Pérez Molina y sus secuaces, se pudo presentar pruebas contundentes porque se descuidaron y dejaron huella por todos lados. Pero con mañosos más sutiles y precavidos, será muy difícil e incluso imposible, plantear antejuicios con posibilidad de prosperar.

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