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PGN solicitará nulidad y pedirá US$200 millones

La próxima semana, la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentará formalmente la solicitud de nulidad del contrato entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Pero eso no es todo, pues a la demanda añadirá la exigencia de un resarcimiento de $200 millones por los daños y perjuicios que este caso le ha ocasionado al Estado.

El anuncio lo hizo oficial ayer la aún PGN, María Eugenia Villagrán de Letona, en medio de una citación que le hizo la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y a la que asistió también un grupo de representantes de la empresa APM Terminals, de capital holandés, que adquirió TCQ en una negociación con su propietaria original, la española Terminal de Contenedores de Barcelona.

Así, cuando Villagrán está a solo 10 días de hacer efectiva su renuncia, parece abandonar el letargo y poner manos a la obra: la solicitud de nulidad del contrato debió haberse presentado hace al menos tres semanas, cuando el presidente Jimmy Morales se lo ordenó. Esa inacción le podría costar al menos dos demandas por omisión de denuncia.

La primera ya fue anunciada por la diputada Nineth Montenegro, jefa de bancada de Encuentro por Guatemala (EG). De acuerdo con la legisladora, Villagrán debió haber hecho esto hace tiempo, incluso antes de que el presidente se lo pidiera. Pero aún así, ve con buenos ojos que finalmente la PGN actuará en este caso. “Claro que esto no quitará que se haga efectiva la demanda que pensamos presentar en su contra, pues los hechos demuestran que no ha cumplido con su responsabilidad”, asegura Montenegro.

APM APARECE

Con uso de traductora, la representante de APM, Susan Morston, mostró las preocupaciones de la empresa ante los acontecimientos y advirtió que en lo que a ellos compete, buscarán a quienes les vendieron, para esclarecer la situación y deducir las responsabilidades que corresponda. “Realizamos una investigación interna y esperamos averiguar el fondo de esta actividad criminal. Si la hubiese, analizaremos cómo proceder”, dijo Morston.

Aseguró también que su preocupación principal está en la incertidumbre que el caso genera entre sus clientes, usuarios de la terminal.

“Ellos no quieren usar nuestros servicios, si no hay certeza en el contrato y la nulidad que se pide, agravaría esta situación. Muchos clientes nos han explicado que no se sentirían cómodos de mover sus buques a la terminal. Eso anularía nuestras ganancias y sin ellas no podríamos pagar los préstamos por $126.5 millones que tenemos entre un banco guatemalteco y el Banco Mundial”, remarcó.

La representante de la empresa también habló brevemente de su plática con el presidente Morales, y dijo que fue para plantearle sus preocupaciones, a lo que él respondió que tenían su apoyo porque le interesa que haya inversión extranjera en el país.

Luis Hernández Azmitia, diputado del Movimiento Reformador (MR), califica de positivo que se esté trabajando en el saneamiento de las operaciones portuarias. “Por el nido de corrupción que existe en este caso, ahora se abre la posibilidad de contrarrestar estas estructuras que empobrecen al Estado de Guatemala”, dijo. Y agregó que, sería importante que así como se está trabajando minuciosamente en el caso de TCQ, también se haga en el contrato de usufructo oneroso con el que se cedió el uso del muelle de Puerto Barrios, pues existen evidencias de que allí también hay corrupción.

Fuera de la esfera estatal, Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), comenta que debe partirse del hecho de que la negociación del contrato con TCQ resulta siendo lesiva para el Estado y eso genera un costo que alguien debe pagar, menos el pueblo de Guatemala.

Para el investigador, la carga debe caer sobre quienes provocaron la defraudación por parte del Estado, pues la Ley de Responsabilidades de Empleados Públicos dice que estos se harán responsables de los daños al Estado por sus acciones u omisiones.

De acuerdo con Linares, esto serviría para sentar un precedente y reducir las posibilidades de que empleados del Estado participen e incurran en este tipo de barbaridades.

Ahora solo falta esperar a que la PGN cumpla con su promesa de presentar la demanda. Pero aun cuando lo haga, todo parece indicar que Villagrán no se salvará de tener que enfrentar  a la justicia por su tardía reacción.

Camino a un arbitraje

Orlando Blanco, de la UNE, dice que es lo más probable

Las reuniones para conocer detalles sobre la corrupción en el caso TCQ, abundan en el Congreso. La última semana, ha habido más de una reunión diaria en las distintas bancadas. La última fue ayer en la de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Esta se diferenció del resto, porque a ella asistió un grupo de personeros de la empresa APM Terminals, encabezados por Susan Morston, su representante legal.

Tras los planteamientos de una y otra parte (Procuraduría General de la Nación –PGN- y APM Terminals), la conclusión parecía no poder ser otra. Orlando Blanco, jefe de la bancada uneísta, se refirió a la general y les dijo que su percepción, tras escuchar las posiciones, era que el caso terminaría inevitablemente en un arbitraje internacional. La inversión es grande y las posiciones divididas. APM habla de pérdidas por $126.5 millones en un negocio que compró a la española TCB. Mientras la PGN dice que demandará a TCQ por $200 millones.

En la Guía del Arbitraje Internacional de Latham&Watkins se establece que “Típicamente un arbitraje internacional de importancia considerable incluirá la mayor parte de los pasos siguientes (algunos de ellos pueden obviarse u ocurrir simultáneamente):

• Demanda de arbitraje, incluyendo un resumen de los reclamos.

• Respuesta a la Demanda, que indicará cualquier Demanda reconvencional eventual.

• Réplica a la Demanda reconvencional (si es necesario).

• Nombramiento del tribunal.

• Audiencia preliminar en la que se establecen los pasos y el calendario del arbitraje.

• Escrito de Demanda (si no ha sido ya entregado junto a la Demanda de arbitraje).

• Escrito de respuesta y de Demanda reconvencional (si no han sido ya entregadas junto a la respuesta a la Demanda).

• Escrito de respuesta a la Demanda reconvencional.

Pérdidas

APM buscará a TCB

$126.5 millones en préstamos podría perder APM

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