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La propuesta para la discusión de reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de justicia, presentada por los organismos Legislativo y Judicial (25.04.16), incluye la adición del artículo 154 Bis, rubricado “Antejuicio”.   Este artículo se compone de tres partes: la primera define el antejuicio diciendo que “es la garantía que gozan los dignatarios y funcionarios en el ejercicio de su cargo, para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal, sin que previamente exista declaratoria de autoridad judicial competente que ha lugar formación de causa, salvo en caso de flagrancia.”  No aporta nada nuevo porque, palabras más palabras menos, el concepto ya está definido en nuestra legislación ordinaria y también por la jurisprudencia.

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La segunda define su finalidad en estos términos: “Esta garantía tiene como objetivo preservar la función pública y que las potestades de que están investidos los dignatarios y funcionarios públicos no sean interrumpidas injustificadamente con menoscabo de la continuidad y eficiencia de tales  funciones; y viabiliza la persecución penal en los casos en que existe mérito para ello”.

Ambos párrafos son técnicamente innecesarios pues, como decían los maestros clásicos del Derecho: el legislador no define  (máxime cuando se trata de un texto constitucional, agrego); la definición debe ser tarea encomendada a la jurisprudencia y a la doctrina.  Toda definición “además—es incompleta.  Tal es el caso que nos ocupa: califica al antejuicio como una “garantía” y omite decir que es también un “privilegio” (que como tal riñe con el principio de igual protección ante la ley).

El tercero y último párrafo es el único de los tres que justifica su existencia.  Establece una lista de diez cargos para quienes se confiere esta garantía.  En ella excluye a los alcaldes y a los candidatos a puestos de elección popular.  En lo que a este último grupo concierne, valga señalar que significa el aforamiento de 88,871 personas, de acuerdo con el estudio de Lizandro Acuña (Excesos de la ley de antejuicio, Revista Análisis de la Realidad Nacional, año 4, No. 79, 16-31. Págs. 14-33).

Pero creada la ley, creada la trampa. El punto que me preocupa son los efectos perversos que por la abolición del privilegio del antejuicio, puedan sobrevenir. Y para ejemplificar mi aseveración  citaré el artículo 15 de la Ley de Supervisión Financiera (Decreto 18-2002 del Congreso), cuya versión original, incluía –abusivamente—el privilegio del antejuicio para el superintendente y los intendentes de la Superintendencia de Bancos. Su parte nociva, empero, establece el “derecho a que la Superintendencia de Bancos cubra los gastos y costas que sean necesarios para su defensa… aun cuando ya no se encuentren en ejercicio de dichos cargos…” para “las autoridades, funcionarios y empleados de la Superintendencia de Bancos contra quienes se planteen procesos, juicios o demandas derivados de actos y decisiones adoptados de conformidad con la ley en el ejercicio de sus atribuciones, funciones y obligaciones”.  ¡Por favor!  El proceso contra Willy Zapata, exsuperintendente de Bancos, bien ilustra esto último.

El punto que me preocupa son los efectos perversos por la abolición del privilegio del antejuicio.

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