Home > Columnas > Poder ciudadano

Después de las últimas modificaciones a la Ley Electoral, acordadas por el Organismo Legislativo y la Corte de Constitucionalidad, los ciudadanos no ven cambio trascendental en la manera de hacer política. Esto repercute en el sistema de gobierno, porque las instituciones, los contratos y bienes del Estado, seguirán siendo una presa de captura de los financistas de campaña, lo cual significa que  los cargos públicos estarán expuestos a la corrupción que los ha caracterizado.

Es claro que no se puede hablar de una reforma política, sin limitar la reelección, suprimir el transfuguismo y el nepotismo y cambiar los listados por el voto uninominal. Todo lo demás es maquillaje.

Aun con la promesa de otras generaciones de cambios, iríamos a paso de tortuga, con un Estado en crisis y sin proyecto de Nación. El informe del financiamiento a los partidos políticos presentado por la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), hace casi un año, demostró la perversidad del sistema electoral, cuyas causas no se han atacado.

Ante la resistencia de los partidos políticos y sus representantes en el Congreso, es necesario que el ciudadano busque otras rutas de cambio considerando que las autoridades, a quienes ha delegado el poder, le han fallado.

El movimiento del 2015 fue el comienzo de un proceso que debería continuar hasta lograr un cambio verdadero que restaure –si es que alguna vez existieron realmente- la democracia y el Estado de derecho. Las movilizaciones fijaron mandatos que no se han cumplido. Se avanza, pero el riesgo de retroceder es inminente. Los rudos, ligados a las estructuras mafiosas, accionan aquí y allá.

Se analizan posibles reformas al casi colapsado sistema de justicia. El proceso de juzgamiento a dos magistrados es apenas la punta del iceberg. Lo mismo, tres expresidentes del Legislativo procesados dan qué pensar. La gran pregunta es: ¿será posible que el actual Congreso, seriamente cuestionado, hará las reformas constitucionales reclamadas en este momento?

El incumplimiento a la reforma política da la respuesta: El Congreso no está a la altura de la demanda social.

¿Con base en qué el movimiento debe continuar? El artículo 1 de la Constitución dice: El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Sin embargo, es evidente que en los últimos 30 años el Estado -Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo- no han podido mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas de las grandes mayorías del país. Los indicadores son claros en todas las áreas de la vida nacional, no solamente la económica y social, sino el desarrollo institucional mismo. 

El poder a las autoridades les ha sido delegado en forma temporal. No son dueñas absolutas del poder, el cual recae en el pueblo. De ahí que el pueblo puede y quizá quiera quitar a quienes desde el poder lo han relegado para desarrollar otros propósitos que no son los que conducen al fin supremo que es el bien común.

El poder a las autoridades les ha sido delegado en forma temporal. No son dueñas absolutas del poder, el cual recae en el pueblo.

.
.

Leave a Reply