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Lectura empresarial incorrecta

En la página 5 de Siglo.21 del día martes 10 de mayo, una nota periodística dio pormenores de la preocupación expresada por la dirigencia de la organización patronal más reconocida (Cacif), debido a los fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenaron suspensión de proyectos mineros e hidroeléctricos, en especial la mina conocida como la Puya en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Se indicó que los fallos afectan la certeza jurídica para las inversiones existentes y las nuevas que quieran entrar al país.

Los aspectos sobresalientes de los argumentos patronales son discutibles por su incorrecta lectura de la situación. Los fallos provienen de una instancia pública que, en pocos casos, se pronuncia anteponiendo el interés general al interés particular. En parte, esas resoluciones fueron fundamentadas con el trabajo de grupos sociales organizados, dependencias estatales y centros de investigación científica que han demostrado y denunciado determinadas prácticas empresariales destructivas de la naturaleza.

En esa misma página de Siglo.21 se informó que “Suben a ocho las denuncias contra empresas privadas” por el desvío de ríos, en alusión a procedimientos iniciados ante la Fiscalía correspondiente por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Según la nota se trata de industrias que cultivan caña, banano y palma africana. En un recuadro se informa que CONAP logró “el retiro voluntario” (¿?) de una plantación de palma africana en el área de protección especial Manchón Guamuchal que queda entre los departamentos de Retalhuleu y San Marcos. Fueron 39 hectáreas destruidas en un “humedal de importancia mundial” por una empresa productora de aceites. No se indica nada sobre la forma de reparación del daño causado hasta sus últimas consecuencias y el corte de las sanciones por ese crimen ecológico. Tres páginas adelante en la misma publicación, otro titular revela: “Empresas venden y no emiten facturas”. La inconsistencia de los argumentos patronales y los miedos que introducen anunciando pérdidas para el país, caen por su propio peso.

Se puede deducir que la afectación a la “certeza jurídica” tiene raíces en el abuso, la ilegalidad y cierta permisividad a empresarios privados que operan en forma inescrupulosa, al igual que de la fragilidad política, institucional, fiscal y económica que afronta el país.

La defensa irreflexiva del dinero como principio, es antihumana y antinacional. Urge una relectura de la historia y de las fuentes de la miserable realidad contemporánea. Sería prudente que la dirigencia patronal actualice los criterios de sus análisis y pronunciamientos, pues la parte argumentativa de su discurso sugiere complicidad e intentos de ocultamiento de malas prácticas. No estaría mal promover ética en el lucro, en la relación de planes productivos con los sistemas y ciclos ecológicos, en las responsabilidades patronales con las instituciones (en materia laboral, ambiental y fiscal.

“La defensa irreflexiva del dinero como principio, es antihumana y antinacional”.

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