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La caída de Dilma Rousseff: una visión guatemalteca

En Brasil sucedió lo que todos esperaban. La presidenta Dilma Rousseff fue suspendida en el cargo por un plazo no mayor de seis meses, en el que el Senado debe definir su retiro definitivo o su continuidad.

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A como se presenta el panorama, hasta los más cercanos a la mandataria son pesimistas al creer que el resultado del juicio político le será favorable. La principal razón para creerlo es que la votación senatorial requerirá de 54 votos para despojarla en definitiva de su investidura, un sufragio menos de los que obtuvo el proceso que ordenó su suspensión.

Claro que las opiniones sobre la culpabilidad o no de Rousseff se dividen, según las perspectivas propias de cada ojo crítico. Para unos, el relevo temporal de la mandataria tiene fundamento en presuntas acciones ilícitas usadas por la gobernante para presentar escenarios positivos de las cuentas nacionales.

Otros hablan de un golpe de Estado promovido por la extrema derecha y el empresariado, que veían afectados sus intereses por el sistema de gobierno social que ha impulsado Rousseff.

ARGUMENTOS

Virgilio Álvarez, un reconocido sociólogo guatemalteco, es de quienes creen que en Brasil hubo un golpe de Estado desde la derecha, que al perder las elecciones por un corto margen, se obcecó en impedir la gobernabilidad en ese país. “La crisis económica, que afectó a sus grandes capitales por incapaces y avorazados, hizo el resto”, sostiene.

El otro gran actor responsable de la debacle del Partido de los Trabajadores en Brasil, según el analista, es el grupo de medios de comunicación que funciona armónicamente en ese país del Cono Sur. “Su discurso permeó en la clase media que, aun cuando su ascenso socioeconómico fue favorecido por los programas sociales del PT, terminó pidiendo la cabeza de Rousseff”, todo porque creyeron en una campaña orquestada que le atribuyó actos de corrupción a la primera mujer en ocupar la máxima magistratura de Brasil.

Sandra Morán, diputada por la bancada Convergencia, opina que lo sucedido en Brasil, así como también pasa en Venezuela y Paraguay, demuestra que estos países se han convertido en “laboratorios para hacer golpes de Estado de manera distinta, bajo la sombrilla de herramientas de Estados democráticos”.

No todos, por supuesto, ven con malos ojos lo sucedido en Brasil. Eva Montes, diputada independiente, es de la idea de que lo sucedido en Brasil debe ser ejemplar para el conjunto de naciones del mundo. Y para Guatemala, cree que mucho más, pues son hechos que resultan de las reivindicaciones políticas y populares.

Consultado sobre el tema, Eduardo Camey, del Movimiento Reformador, intenta ser más mesurado y dice que lo sucedido no es más que el reflejo de los efectos que la corrupción está provocando en América Latina. “Los pueblos han decidido enfrentar este flagelo y por ello se levantan y actúan. Ya lo vimos en Guatemala”, comenta.

El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), José Carlos Sanabria,  dice que un punto interesante para el análisis es que a Dilma no se le acusa precisamente de corrupción. “Es notorio, entonces, que en Brasil el asunto implica una connotación más plagada de tintes políticos”, asegura.

En Brasil, Michel Temer, el presidente interino, aunque es acusado por muchos de traidor y complotista, prefiere no profundizar en el tema y dice que será el Senado el que tenga la última palabra.

Lo cierto es que de inmediato presentó a su gabinete de gobierno y dijo que trabajará prontamente en la recuperación económica.

Un momento que Guatemala ya vivió

Hace un año, el presidente Pérez Molina debió renunciar

Dilma Rousseff no es la primera persona en dejar el cargo por instrucción parlamentaria. De 1992 a la fecha, al menos cinco mandatarios latinoamericanos han vivido una experiencia similar.

Otros dos lo han hecho por presión popular, producto de su involucramiento en casos de corrupción. Aquí, Guatemala también figura. Apenas hace un año, el entonces presidente Otto Pérez Molina debió dimitir ante los masivos movimientos sociales que exigían su renuncia. Su caso y el de Rousseff, poco o nada tienen de similitud, de no ser porque ambos dejaron de ser presidentes.

Mientras en Brasil la lideresa del Partido de los Trabajadores espera el golpe letal del Senado, albergando pocas esperanzas, Pérez Molina purga prisión preventiva en espera de que los juicios que se siguen en su contra lleguen al final. Las pruebas documentales y auditivas que se han presentado en los procesos parecen restarle también la esperanza.

Pero hay algo que los diferencia. En Brasil aún no se tiene clara ninguna demanda concreta en contra de la mandataria, pues todo gira en torno a situaciones de tipo político. Contra Pérez Molina, sin embargo, aunque él insiste en ser víctima de una persecución política, sobre su persona ya pesan dos juicios en proceso, de los cuales parece que difícilmente saldrá bien librado.

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