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Aguilar, en camino de perder la inmunidad

El trámite para retirarle la inmunidad al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vladimir Aguilar, sigue su curso. Ayer el Congreso nombró por sorteo a cinco diputados, cuatro de la oposición y uno oficialista, para evalúen si debe ser investigado por corrupción en el caso conocido como TCQ.

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La comisión designada por  el Legislativo está presidida por el diputado Luis Fernando Montenegro Flores, quien pertenece a la formación opositora Encuentro por Guatemala (EG).

Los otros diputados son Carlos Alberto Barreda Taracena, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Germán Estuardo Velásquez Perez, del exgobernante Partido Patriota (PP), y Ronald Estuardo Arango Ordóñez, de Todos; asimismo, el oficialista Javier Alfonso Hernández Ovalle, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)

De acuerdo con el sorteo, Montenegro quedó como presidente de la comisión, Barreda como secretario, y Velásquez, Hernández y Arango fueron nombrados vocales.

Con el fin de que el pleno de diputados no tenga problema para decidir si se retira la inmunidad al magistrado Aguilar durante el receso del Legislativo, que comienza el 15 del presente mes hasta el 1 de agosto, ayer se presentó una iniciativa para reformar un artículo de la ley en materia de antejuicio y así el trámite no se detenga.

Iván Arévalo, primer vicepresidente del  Congreso, indicó que se busca poder convocar a sesión extraordinaria, aún cuando el período de sesiones ordinarias haya finalizado.

Ayer la comisión pesquisidora indicó que hoy escucharan a las partes involucradas y que mañana emitirían su recomendación al pleno, lo cual permitiría, incluso, que el domingo próximo se decida el futuro del magistrado Aguilar en la sesión convocada por la Junta Directiva.

El antejuicio fue solicitado con el argumento de que Aguilar, quien era procurador general cuando se firmó un contrato con la empresa portuaria TCQ, eje de una trama de corrupción, pudo incurrir en los delitos de “tráfico de influencias, concusión y resoluciones violatorias a la Constitución”.

Indicios de culpa

Diálogos y encuentros

Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el magistrado Vladimir Aguilar mantuvo “una serie de diálogos y encuentros” con personas del Gobierno, de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y de TCQ con el fin de, en su calidad de abogado del Estado, emitir “una opinión favorable a la legalidad del contrato de usufructo oneroso”.

De acuerdo con la investigación, el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, lideraron la trama de corrupción denominada TCQ.

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