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“Minería: ¿Por qué no debe suspenderse?”

La minería e hidroeléctricas han estado bajo acoso de grupos izquierdistas, antidemocráticos y en algunos casos terroristas.  El debate se trasladó a la Corte de Constitucionalidad del país con la preocupación que la misma pueda emitir resoluciones que acaben con la actividad minera e hidroeléctrica en el país.

Considero que la Corte de Constitucionalidad no debe suspender las licencias mineras y debe actuar conforme a la ley y el Estado de derecho defendiendo la propiedad privada, la vida y la libertad de las personas en forma clara y contundente para evitar más conflictos.  ¿Por qué no debe suspender licencias mineras?

En primer lugar porque los argumentos en contra de las mineras son ideológicos y no técnicos.  No tendría problemas en que se suspenda una operación si técnicamente esta dañe derechos a terceros pero ese no es el caso.  Las empresas mineras más atacadas son precisamente las más formales y grandes, las que han cumplido a cabalidad con la ley, las que respetan la misma, pagan sus impuestos y cumplen con las normativas internacionales de protección del medioambiente incluyendo en sus proyectos la recuperación final del área trabajada, además reforestan, generan empleos formales directos e indirectos, han creado fundaciones para que la gente que vive aledaña a la mina puedan mejorar su calidad de vida y continuar con ingresos en el futuro cuando termine el ciclo de vida de la mina.

En segundo lugar, las famosas “consultas” en nombre del Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas se han estado haciendo una especie de consultas sobre si la gente está de acuerdo o no con la minería.  Estas consultas no están reglamentadas y carecen de todo poder vinculante.  Las organizaciones que se oponen a la minería también se oponen a que se regule el procedimiento para hacer  estas consultas.  La razón es que una vez establecido el procedimiento la gente tendría que recibir información no solo de estos grupos sino de todos, se haría con anticipación y se esperaría que la población pueda entender los beneficios y ventajas así como cualquier aspecto negativo que pudiera tener el que un proyecto minero se establezca en su comunidad.  Ahora bien, esto no es tampoco vinculante aunque se haga la consulta.  Una vez otorgada la licencia, el resultado podrá servir para que la minera trabaje más a fondo en la difusión de las ventajas para la comunidad de dicha actividad.

En tercer lugar, muchos de quienes se oponen lo hacen esperando una compensación o un pago para desistir de sus amenazas.  Ante la falta de un verdadero Estado de derecho muchas personas prefieren fastidiar hasta ser compensadas incluso aunque no tengan que ver nada con el municipio donde se establezca el proyecto minero o hidroeléctrico.  Es un oportunismo espantoso donde los opositores a los proyectos mineros e hidroeléctricos actúan violentamente y con total impunidad contra trabajadores de las estas empresas.   Hay que decir las cosas como son.

En cuarto y último lugar, el cambio de reglas de juego hará que no solo se vayan las empresas mineras sino muchas otras empresas del país.  A Guatemala, un país con un nivel enorme de pobreza, le urge que vengan inversiones de donde sean para establecer empresas que generen valor y riqueza para todos en la sociedad.  Estas resoluciones ponen en riesgo estas inversiones condenando a los pobres a seguir buscando oportunidades en el norte, ahí donde sí funcionan las mineras y los proyectos hidroeléctricos con todas sus garantías.

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