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Eco colaborará en caso Bufete de la Impunidad

Salvador Estuardo González Álvarez, conocido con el alias de Eco en el juicio de defraudación tributaria La Línea, será colaborador eficaz del Ministerio Público (MP) en el caso Bufete de la Impunidad, en el que está sindicada la jueza Martha Sierra de Stalling, por facilitar medidas sustitutivas.

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Ayer trascendió que González suscribió un acuerdo con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) para declarar en dicha trama de corrupción, por la cual también participa como informante eficaz, ya que fue uno de los beneficiados por la resolución de la jueza
Sierra de Stalling.

La jueza conoció el proceso y es señalada de haber aceptado sobornos para otorgar arresto domiciliar a implicados en el caso La Línea, por lo que González aportará información privilegiada.

Al ser colaborador protegido de la fiscalía, González espera ser liberado del proceso penal y de una condena por su participación en el caso Bufete de la Impunidad.

Para ayer se tenía programado que Eco prestará declaración anticipada en el Juzgado Tercero de Instancia Penal, pero la diligencia fue suspendida para efectuarse mañana.

En el caso Bufete de la Impunidad, denominado así por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se acusa a la jueza Sierra de recibir sobornos  para otorgar medidas sustitutivas a cabecillas de La Línea con la ayuda de una red de abogados cuyo presunto líder sería José Arturo Morales, alias Chepito.

La jueza está sindicada de cohecho pasivo y prevaricato. Asimismo, se vincula al hijo de la juzgadora, Roberto Stalling Sierra, como intermediario en las
negociaciones.

Para sustentar la acusación, la FECI presentó 30 medios de prueba, como escuchas telefónicas, con las que se deduce su responsabilidad.

En septiembre de 2015, el juez undécimo de Instancia Penal, José Eduardo Cojulún, ligó a proceso a Sierra y la envió a prisión preventiva a la cárcel del cuartel Matamoros.

Un mes después, el mismo juez dejó en libertad a Sierra de Stalling, tras pagar una fianza de Q200 mil, debido a que  la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó que se emitiera una nueva resolución en el caso, pues argumentó que carecía de fundamento.

El 4 de diciembre del año pasado, la Sala Primera revocó la medida sustitutiva que favoreció a la jueza, por lo que debió regresar a prisión.

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