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Un caso ejemplar para el sistema de justicia

En el Congreso de la República pasó lo que todos esperaban que sucediera, en el caso del proceso de antejuicio que se sigue contra el magistrado Douglas René Charchal Ramos. La comisión pesquisidora que conoció el expediente votó por unanimidad que se recomiende al Pleno del Organismo Legislativo, que se retire la inmunidad al magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Y decimos que era lo que se esperaba, pues el clamor popular exige justicia y los diputados no podían hacer otra cosa más que navegar en la línea de las exigencias sociales, amén de que los audios y otras pruebas entregadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), parecen suficientes para demostrar que Charchal es culpable de los cargos que se le imputan.

Contra el magistrado pesa el señalamiento, cuando era juez en Escuintla, de haber favorecido a la empresa TCQ liberándola de un pago de Q24 millones que debía hacer efectivos a la municipalidad de Escuintla por concepto de una licencia de construcción. El favor le sería recompensado, no solo económicamente con un monto que se asegura sumó Q50 mil, sino también con el ofrecimiento de ser apoyado para llegar a ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, como efectivamente sucedió.

Hubo quienes se atrevieron a pensar que la comisión pesquisidora emitiría un fallo dividido, habida cuenta de que dos de sus integrantes votaron a favor de Charchal cuando fue electo magistrado. Se trata de los diputados Julio César López Villatoro y César Fajardo Morales, actualmente integrantes de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). No obstante, parece que la lectura coyuntural de los pesquisidores pesó más sobre los efectos negativos que podría traerles un posible apoyo a Charchal, lo que terminó generando una votación unánime en contra del magistrado.

Este es solo el principio de un caso que parece lotería cantada. Empero, aún queda camino por recorrer. Según las cuentas que se hacen del procedimiento a seguir, será hasta el próximo jueves cuando el pleno de diputados conozca el informe de la comisión y deba decidir si le retira o no la inmunidad a Charchal. Para que el paso siguiente sea un juicio formal, 105 manos o más deberán estar levantadas al momento de la votación. De ser así, Charchal no solo terminaría enfrentando a un juez penal, sino que debe ser destituido del cargo que ostenta actualmente en el Organismo Judicial.

A como está el ambiente político, social y jurídico, lo más seguro es que en breve, el aún magistrado terminará purgando prisión preventiva, mientras su caso se dilucida en un tribunal. Y si en las vísperas el MP y la CICIG han mostrado contundencia con apenas unas cuantas pruebas sacadas a luz, el final de la historia podría ser una sentencia condenatoria en contra de Charchal.

Este final, sería alentador para una sociedad ávida de justicia y esperanzada en que los responsables de la debacle del Estado, paguen por los actos que han desfavorecido el bien común.

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