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Pérez y Baldetti, de nuevo a juicio por otros delitos

Tras dos semanas en las que tanto la parte acusadora, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), como la defensora (una batería de abogados), el juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, decidió ligar a proceso  los exmandatarios, junto a otros 10 implicados en el caso que se sigue por supuestos actos de corrupción en el otorgamiento de un contrato de usufructo oneroso a favor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal.  Gálvez se tomó 24 horas para llegar a su conclusión final.

La defensa hizo lo suyo e intentó, por todos los medios, primero de retardar el proceso mientras estructuraba su estrategia; y, segundo, de descalificar los argumentos de la parte acusadora, a efecto de conseguir una decisión favorable a sus clientes.

Pero nada fue suficiente para tirar por la borda el trabajo del MP y la Cicig. Finalmente, el titular del Juzgado, ligó a todos a proceso y negó una medida sustitutiva a 10 de los procesados, mientras que a Julio César Zamora y a Julio Norberto Esquivel, si se las concedió, aunque tendrán que presentarse al juzgado de Escuintla.

Gálvez indicó que por petición del Ministerio Público, el lunes 9 de mayo se presentará el colaborador eficaz en este caso, Juan Carlos Monzón Rojas, con el fin que declare nuevamente ante los sujetos procesales.

Por su parte, el abogado defensor de Otto Pérez Molina, César Calderón, presentó un recurso de reposición, indicando que el juzgador había “variado el proceso”, argumentando que solo una vez puede haber audiencia de primera declaración.

Los demás defensores se unieron a la petición de Calderón, señalando que con esta acción decidida por Gálvez, viola el Pacto de San José.  Asimismo, uno de los abogados  afirmó no haber entendido lo que Gálvez indicó para argumentar el auto de procesamiento.

Luego indicó que tienen 30 días para presentar un amparo en contra de la decisión del juez Gálvez, pues “ya parece que fuera una forma de molestar estar pidiendo amparo, pero quien está en la sala de audiencias se da cuenta de la pobreza de argumentos que el juez tiene para dictar auto de procesamiento”.

EL JUEZ TUVO RAZÓN

Según los analistas jurídicos Edgar Ortiz y Gerson Sotomayor, coincidieron en que el juzgador contó con los indicios para ligar a proceso a los 12 implicados.

Ortiz señaló que “el caso es amplio y complicado; sin embargo, hay bastantes indicios para ligarlos a proceso, por un lado, porque el puerto estaba intervenido; eso implicaba una relación directa con el Ejecutivo y la portuaria, y la figura que se utilizó, el usufructo”.

Y Sotomayor dijo “está de más hablar de la prisión preventiva; marca una pauta en el actuar del caso.  Aquí puede salir indicios para descubrir otros casos de corrupción en los que Pérez y Baldetti estén involucrados”.

La PGN requiere Q80 millones 

Litigio

Como si la Procuraduría General de la Nación (PGN) no contara con un equipo de abogados para cumplir las funciones institucionales, Víctor Hugo Mejicanos, jefe de  abogacía de ese ente, manifestó que para la contratación de un bufete de abogados que se encargue del caso TCQ se necesitan Q80 millones adicionales a su presupuesto.

Explicó que la PGN actualmente está pasando por una crisis presupuestaria, debido a un recorte que habría hecho el Congreso de la República, pese a que se deben tomar acciones para cancelar el contrato oneroso entre Puerto Quetzal y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

La titular de la PGN, María Eugenia Villagrán, en una citación en el Congreso manifestó que esta semana se encargaría de la búsqueda de un bufete de abogados que llenen los requisitos para poder actuar en un juicio por el caso TCQ y defender los intereses del país, ya que ella nunca ha sido abogada penalista y desconoce varios procesos.

Mejicanos dijo que el presupuesto de la institución es el primer obstáculo para poder actuar; sin embargo, están analizando solicitarle al presidente Jimmy Morales que emita un acuerdo gubernativo en el que pida la nulidad del contrato, para que se le dé más peso a la solicitud.

Respecto a las cifras que se manejan, Villagrán mencionó que no se puede anticipar nada, ya que ningún bufete ha dado un presupuesto sobre los servicios que estarían prestando. “El Estado no tiene esa cantidad para el caso TCQ”, aclaró la funcionaria.

Debido a que el presidente Morales envió un oficio a la PGN para que procediera a la anulación del contrato de TCQ, dicha institución se tiene que hacer cargo; sin embargo, no cuenta con el personal capacitado suficiente para accionar bajo ley, luego del contrato millonario con el cual se habrían beneficiado el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

El presidente recomendó a la PGN contratar a los mejores abogados para defender, “por sobre todo, los intereses de Guatemala”.

 

30 millones de dólares se habrían repartido los acusados, tras cerrar la negociación portuaria

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