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Juez accede a intervenir empresa defraudadora

Las acciones legales en contra de la bautizada popularmente como “La Línea 2” cobraron fuerza ayer, con la decisión judicial de intervenir la empresa Aceros de Guatemala, S. A., y arraigar a dos de sus socios mayoritarios, así como a su representante legal.

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La medida fue solicitada por el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ante el juez séptimo del ramo penal, Adrián Rolando Rodríguez Arana, argumentando que la empresa ha incurrido en defraudación tributaria.

El juzgador aceptó la petición y, la tarde de ayer, la medida se hizo efectiva.

Por la mañana, Juan Francisco Solórzano Foppa, jefe de la SAT, ofreció una conferencia de prensa en la que anunciaba públicamente la solicitud.

“Consideramos que hasta la fecha tenemos un caso bastante sólido de defraudación”, aseguró a la prensa, además de indicar que son tres querellas distintas las que están unificadas en el juzgado.

El encargado de la entidad recaudadora justificó la acción en la falta de cumplimiento de la empresa en el pago de sus obligaciones tributarias.

“La SAT considera que ya era necesario accionar con estas medidas judiciales, ante el impago de esta entidad de sus obligaciones tributarias”, aseguró el jefe del ente encargado de recaudar los impuestos en el país.

Solórzano se excusó de revelar el monto de los impuestos adeudados, pues tiene prohibición constitucional para hacerlo.

Sin embargo, aseguró que solo entre multas y moras la cifra ya alcanza los 500 millones de quetzales.

De acuerdo con la información proporcionada por el jefe de la SAT, la denuncia incluye acciones que van del año 2009 al 2014.

El nombre del interventor aún se desconoce. Sin embargo, deberá tomar posesión, a más tardar, en los primeros días de la próxima semana y hacerse cargo de la situación contable y financiera de la entidad, hasta que el ente demandante recupere el monto reclamado.

“Los trabajadores pueden estar tranquilos, pues el interventor debe velar por el buen funcionamiento de la empresa, ya que solo así se puede cumplir el propósito de la acción judicial”, dijo Solórzano.

La fiscal general y jefa del MP, Thelma Aldana, también se refirió al caso y confirmó que el interventor deberá actuar en la revisión y control del área financiera, pues la empresa ha estado involucrada en actos de corrupción.

Además, habló del arraigo en contra del representante de la empresa, Pedro José Raúl Paiz Valdez, y los accionistas José Luis Gabriel Abularach y María Eugenia Valdés Gómez, el cual calificó como “una medida precautoria que se estimó necesaria para asegurar las resultas del proceso”.

Desde hace varios años, la SAT había efectuado auditorías, de las cuales se originaron las denuncias.

En la actualidad, el caso ya se dirime en una instancia penal, por lo que se efectúan nuevas auditorías exhaustivas para saber el monto total de lo defraudado.

El fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público, Andrei González, manifestó que se asignará una persona externa a Aceros de Guatemala “para que supervise las actividades de esta y también asegurar el monto del impuesto defraudado.

El interventor debe tener el control de las decisiones que se tomen en materia administrativa y financiera”, indicó.

Siglo.21 intentó obtener una reacción de la empresa intervenida; sin embargo, por la vía telefónica, Nely Morataya, gerente de Mercadeo de Aceros de Guatemala, aseguró que “por instrucciones de los abogados no podemos dar información. Cuando ellos den luz verde se emitirá un comunicado”.

Antonio Malouf, vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indicó que están esperando que el debido proceso siga para poder emitir una opinión al respecto.

“No hay ningún director del Cacif arraigado; son los directores de Aceros de Guatemala, y ellos tendrán que dilucidar su situación ante la ley”, finalizó.

REACCIÓN VIOLENTA DEL JUEZ

Molesto, se resistió a facilitar detalles del caso

Siglo.21 intentó obtener detalles de las acciones judiciales encaminadas en contra de la empresa Aceros de Guatemala. Por ello buscó información en el juzgado séptimo del ramo penal. Primero se nos dijo que sería la secretaria del juzgado quien atendería al equipo periodístico. Sin embargo, quien solo se identificó como “licenciada Edna”, manifestó que “a mí no me han pasado nada y el único en todo caso que tendría que informar sería el juez”.

Cuando ella se comunicó con el togado, Adrián Rolando Rodríguez Arana, él le dijo: “yo no señorita, yo no atiendo a la prensa”. Entonces la secretaria recomendó a recurrir a Comunicación Social del Organismo Judicial.

Visiblemente molesto, el juez siguió dirigiéndose al equipo periodístico y dijo: “la prensa puede publicar una cosa, pero tienen que ser notificados, antes no. Hasta entonces pueden notificar en las redes. Es como en el periódico, que sacan a un montón de gente que no están ni sentenciados, sacan la cara de las personas y sienten orgullo. Ya van a notificar, entonces ya le darán información a usted”.

Al momento de querer fotografíar a Rodríguez con un teléfono celular, siguió reclamando. “Ya vio, ese es un abuso. Ya ve, si estuviera la policía le quitaría el teléfono, pues es un abuso señora”. Luego de ello retornó a su oficina y cerró la puerta lanzándola con fuerza casi en la cara del equipo.

HISTORIA

Aceros de Guatemala

Es una empresa fundada en 1953, pionera en el área de la siderurgia en Centroamérica. En su corporación hay tres empresas más: Indeta (fabricante de clavos y alambres), Intupersa (fabricante de tubería y perfiles metálicos) y Sidegua (considerada la primera piedra en la acería).

En 1956, inauguró su propia distribuidora, bautizada como Distun (Distribuidora Universal). Actualmente forma parte de una corporación integrada con el Grupo Gerdau, de Brasil, a la cual se le denomina Corporación Centroamericana del Acero.

42 empresas con malas prácticas tributarias.

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