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¿Se oirá a Iván Velásquez como oír llover?

El titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, puso nuevamente ayer el dedo sobre un renglón sensible de la agenda nacional: la incuestionable necesidad de dedicar más recursos presupuestarios a las instituciones de seguridad y justicia.

Velásquez abordó el tema hace ya varios meses, cuando la popularidad y la credibilidad de él mismo, la Cicig, la fiscal general, Thelma Aldana, y el Ministerio Público se encontraban en el nivel más alto, por el decisivo papel desempeñado en el descalabro de las redes de corrupción cobijadas por el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Esa misma credibilidad personal e institucional está puesta al servicio del proceso de diálogo nacional sobre reformas constitucionales en el sector justicia. Es un proceso que está dando sus primeros pasos, pero es claro que los cambios resultantes, si llegan a formularse y aprobarse, añadirán nuevas demandas financieras al rezago presupuestario existente en este campo y en el de seguridad.

Cuando Velásquez planteó el asunto por primera vez, hubo revuelo y la cúpula empresarial, principalmente, elevó varios gritos al cielo clamando contra la posibilidad de un impuesto específico. En sus declaraciones de ayer, el comisionado parece haber dado un pequeño paso atrás, refiriéndose a la cuestión tributaria de forma más bien genérica.

Si hace cinco meses hubo aspavientos, ahora hay riesgo de que se oiga a Velásquez como oír llover. Pero no debería ser así. No tiene sentido ver con simpatía las reformas al sector justicia, y al mismo tiempo ver hacia otra parte cuando se plantea la cuestión del financiamiento.

El punto débil del planteamiento de Velásquez es que se enfoca en un sector sin duda clave para el Estado de derecho, el de justicia y seguridad, cuando las estrecheces presupuestarias son igualmente apremiantes en otras áreas: salud, educación, nutrición, ambiente, para solo mencionar las más acuciantes.

El asunto es, pues, de una dimensión mayor a cómo conseguir más recursos para seguridad y justicia. En buena hora, que así fuera.

Pero no lo es y, por consiguiente, la insistencia de Velásquez tiene la virtud de recordar a la nación un conjunto mayor de temas previos: cómo y con el aporte de quién se van a aumentar los ingresos del Estado; cómo se hará para mejorar la eficacia recaudadora de la Superintendencia de Administración Tributaria; de qué manera se recuperará la confianza de los contribuyentes en que sus aportes serán bien empleados y no tomarán el camino de las arcas de funcionarios corruptos, cuáles son las prioridades para la inversión de los limitados recursos de los que dispone el erario nacional.

Esos y otros asuntos deben abordarse como parte de un inaplazable nuevo pacto fiscal.

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