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CSJ por decidir sobre el antejuicio contra Aguilar

El Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de antejuicio contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Vladimir Aguilar, quien ejercía como procurador general de la Nación cuando se firmó el contrato con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), convertida en el eje de una trama de corrupción.

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El Juzgado Noveno de Primera Instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente se inhibió del caso contra Aguilar y trasladó las actuaciones a la CSJ, que debe decidir si le da trámite y, por lo tanto, remite el caso al Congreso.

La denuncia presentada por el MP ante el Juzgado Noveno incluye también a Larry Mark Robles, antecesor de Aguilar en el cargo, cuyo caso sí será asumido por este órgano judicial.

El caso de Aguilar es similar al del también magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala Douglas René Charchal, cuyo expediente ya ha sido tramitado ante el Congreso, pese al recurso de amparo presentado por este ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ambos están supuestamente implicados en el escándalo de corrupción TCQ, liderado por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión por la red de corrupción aduanera La Línea.

Esta trama se urdió, según el MP, para cobrar un soborno de $30 millones a cambio de un usufructo en la mayor portuaria del país, Puerto Quetzal.

El antejuicio es necesario para despojar de la inmunidad a los magistrados y que estos puedan ser investigados.

Ayer, la actual procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, anunció que había presentado una denuncia penal abierta contra “cualquier” funcionario que hubiese participado en el aval del contrato, incluidos los 13 exministros del Gobierno de Otto Pérez Molina y exresponsables de la propia PGN.

DICTÁMENES A LA MEDIDA

El martes 26 de abril, la bancada Encuentro por Guatemala dio a conocer que denunció a los exprocuradores, Larry Robles y Vladimir Aguilar, así como al actual abogado de la Procuraduría General de la Nación (PGN) Saúl Oliva, por delitos de asociación ilícita, fraude, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes, delitos asociados al contrato de usufructo oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal y TCQ.

“Los hechos hablan. Los hechos están diciendo que los procuradores nunca actuaron respetando el interés de la nación, sino favoreciendo intereses personales de quienes les pedían dictámenes a la medida”, indicó la diputada Nineth Montenegro.

Se lavó las manos

No declaró lesividad

El exjefe de la PGN, Vladimir Aguilar (ahora magistrado de la Corte Suprema de Justicia) respondió en el dictamen 1658-2013, que ya se había hecho un análisis del usufructo oneroso e hizo referencia al dictamen 4068-2012, de Larry Robles. En el dictamen declara: “La postura institucional está plasmada en los dictámenes anteriores y no está dentro del ámbito de nuestra competencia declarar la lesividad de ningún contrato”.

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