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A luz más casos de corrupción durante el gobierno patriota

El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, metió la mano entre el canasto de casos de la cartera que dirige y encontró un nuevo hecho de corrupción.

Según afirmó el principal encargado de la seguridad ciudadana, halló 100 plazas con anomalías en la contratación y el resultado de la investigación arrojó que 75 de ellas eran fantasmas. Los salarios devengados por estos funcionarios, la mayoría asesores del despacho, estaban en un rango de entre Q20 mil y Q30 mil.

Esas personas, según manifestó el ministro, ya fueron separadas de su cargo pues no se presentaban a trabajar. Aunque Rivas no lo dijo abiertamente, fuentes cercanas a la cartera de Gobernación aseguran que la mayor parte de los contratados para no hacer nada eran militares retirados y afines al expresidente Otto Pérez Molina, así como al exministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla.

Las investigaciones en esa cartera continúan, por lo que en los próximos días podrían salir más hecho ilícitos a la luz pública. Pero eso no ha sido todo, pues casi desde que se estrenó como titular de la cartera, Rivas ha venido haciendo hallazgos de anomalías. A una semana de tomar posesión, por ejemplo, también denunció públicamente una deuda de Q419 millones que se habría acumulado entre las administraciones de López Bonilla y Eunice Mendizábal, quien ocupó el despacho durante el fugaz gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre.

Pese a los diferentes señalamientos que ya se han hecho públicos,  las investigaciones y la persecución penal no aparecen, todo pese a que ya en la transición entre Pérez Molina y Maldonado Aguirre, los ministros del último presidente denunciaron oficialmente una sobrepoblación de plazas en los distintos ministerios, la existencia de plazas fantasmas y contratos anómalos que implicaban actos de corrupción.

Ricardo Barreno, consultor político del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), aseguró a Siglo.21 que la Ley de Servicio Civil no ayuda a las dependencias de gobierno, ya que en todos los casos no se contrata por capacidad sino por cuestiones políticas.

“En este momento es necesario hacer cambios en la Ley de Servicio Civil, ya que existen plazas fantasmas en otras dependencias y altos salarios a los empleados que reflejan desproporción con el tipo de labores que desempeñan”, manifestó Barreno.

El experto aseguró que el Gobierno no cuenta con las herramientas para la contratación, capacitación y profesionalización constante de los servidores públicos.

María del Carmen Aceña, analista especializada en el tema de la seguridad ciudadana del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), aseguró que la contratación en el Estado solo se ha ido “engrosando”, por lo cual las acciones que tomó el ministro Rivas se deberían implementar en las otras carteras del Ejecutivo “y solo se le pague a la gente que sí está trabajando y entregue un buen producto”.

Aceña aconsejó al gobierno del presidente Jimmy Morales efectuar un censo y registro del personal e imponer requisitos y un perfil de las personas que pueden continuar en el cargo, ya que hasta la fecha no existe.

La investigadora agregó que esto se tendría que hacer en ministerios clave, como Gobernación, Salud, Educación y Cultura y Deportes, ya que son los que más empleados tienen.

Mientras tanto, Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia (Sedem), afirmó que las denuncias sobre la creación de plazas fantasmas no son nada nuevo, ya que esto se ha dado como una práctica de corrupción.

“Lo que corresponde es identificar a los responsables de la creación y de su utilización y proceder a cancelarlas. Además, por supuesto, de perseguir penalmente a los responsables”.

EN OTROS MINISTERIOS

Muchos son los señalamientos, sin embargo, pocas son las denuncias  como la interpuesta por la exministra de Desarrollo, Norma Quixtán, en el gobierno de Maldonado. La funcionaria reveló anomalías en la administración de los ministros del Partido Patriota, Leonel Rodríguez y Luz Lainfiesta, quienes habrían cometidos varios actos de corrupción; uno de los más cuestionados fue la entrega de bolsas a 198 mil 264 beneficiarios por afinidad política.

Cuando tomó posesión el ministro de Salud, Alfonso Cabrera, dio a conocer que realizarían una auditoría en la cartera, ya que tenían conocimiento de una sobrepoblación o la posible existencia de plazas fantasmas. Sin embargo, los resultados ya no se dieron a conocer y no se presentó denuncia.

La ministra de trabajo, Aura Teleguario, al inicio de sus funciones solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC), que realizara una auditoria en la cartera ya que existía una sobrepoblación de personal de plazas 029, por lo cual habría tomado la decisión de rescindir 55 contratos a principios de 2016, las cuales habrían sido otorgadas en el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Otros casos de corrupción

Múltiples anomalías que han quedado en el olvido

Las anomalías y presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Gobernación, a lo largo del gobierno del general Otto Pérez Molina y bajo la gestión del teniente-coronel Mauricio López Bonilla, no se resumen en poco casos. Pero la persecusión de los responsables ha sido nula.

Para mediados de agosto de 2015, la Contraloría de Cuentas hacía pública una sobrevaloración de Q184.7 millones en un contrato para el funcionamiento de un sistema de 7 mil 316 cámaras de video vigilancia móviles. No obstante, los responsables no han sido procesados.

En 2014 se dio a conocer que desde un año antes el Mingob invertía en compras a la Industria Militar por alrededor de Q93 millones. Entre las adquisiciones más criticadas estaba la de uniformes y municiones para la Policía Nacional Civil (PNC).

Otro de los casos sonados fue el de la adjudicación de un contrato, por  Q8.6 millones, para la instalación de un sistema tecnológico para los centros de emisión de pasaportes, a favor de la empresa Técnicas y Sistemas de Seguridad, propiedad del empresario Ury Roitman, quien luego obtuvo la adjudicación del proyecto para sanear el lago de Amatitlán.

Recientemente se supo de gastos injustificados en la PNC, por un monto de Q64.6 millones. Las adquisiciones efectuadas en 2014 fueron accesorios, repuestos, llantas y mantenimiento para autopatrullas.

Ma. del Carmen Aceña

INVESTIGADORA DEL CIEN

“Las acciones del ministro Rivas debieran implementarse en otras carteras del Ejecutivo”.

Iduvina Hernández

DIR. EJECUTIVA DE SEDEM

“Corresponde identificar a los responsables, cancelar las plazas y perseguirlos penalmente”.

Ex funcionarios, bajo sospecha

Alejandro Sinibaldi

Su salida de la escena política quizá sea su mejor aliada, pero en la cartera que dirigió, la de Comunicaciones, las investigaciones podrían revelar más casos de corrupción. Uno próximo a explotar es la construcción de la carretera entre Cuyotenango y Tulate, pues la Procuraduría General de la Nación iniciará acciones en ese caso.

Mauricio López

El exministro del Interior también está desaparecido de la vida pública. Pero los casos de corrupción durante su gestión amenazan con devolverle notoriedad. Fue mencionado en un audio que circuló en redes sociales, y en el que el comisionado presidencial para puertos y aeropuertos, Enrique Godoy, revelaba que es investigado por la DEA.

Otto Pérez Leal

El primogénito del exmandatario es otra figura que se esfumó. Tras su gestión en la comuna de Mixco, está una serie de obras que también se investigan, ya sea por supuestas sobrevaloraciones o bien por inconclusas. Las megaobras que ofreció como señuelo para su reelección como alcalde, podrían ser sus mayores piedras de tropiezo.

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