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“Le devolvimos la independencia a la PGN”

La entrevista /  María Eugenia Villagrán

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Las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) la han tenido muy ocupada. Sin embargo, no es lo único en lo que trabaja la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Su jefa, María Eugenia Villagrán, habló con Siglo.21 sobre su papel en este tipo de litigios, pero también de algunos casos que la mayoría de guatemaltecos desconoce y que implican más hechos  de corrupción.

¿Cuál ha sido el principal desafío de la PGN?

Por años, la PGN fue sumisa a los intereses del Organismo Ejecutivo. Por ello, nuestro principal reto ha sido quitarle la imagen de una entidad complaciente con
los gobernantes.

¿Cree que ha logrado cumplir ese propósito?

Sí. En varios casos hemos dictaminado en contra de la voluntad presidencial.

¿Por ejemplo?

El de los salarios diferenciados fue un caso. Al ahora expresidente Otto Pérez Molina se le recomendó presentar su renuncia un día antes de que la hiciera efectiva, y en el caso TCQ tenemos una participación activa como representantes del Estado. En el caso de AMSA, con lo del líquido que supuestamente limpiaría el Lago de Amatitlán, fuimos los responsables de presentar la denuncia penal. Y en el caso contra el expresidente del Congreso, Gudy Rivera, actuamos como los principales acusadores.

Además, hemos emitido varios dictámenes y solicitado a la Presidencia que se declare lesividad de varios contratos y  emitir incluso la nulidad de otros.

El contrato de TCQ es quizá el más conocido. ¿Cuáles elementos facilitarán declararlo nulo?

En primer lugar, ni el interventor ni el subinterventor tienen la facultad de aprobar la minuta, y menos de firmar dicho contrato.

En segundo lugar, se determinó que este no es precisamente un contrato de usufructo, porque si bien es una extensión de tierra la que se está utilizando para tal acción, en realidad lo que se está dando es la concesión de un servicio público, como lo es una terminal de
contenedores.

Por lo tanto, es nulo ipso jure. Es decir que en términos legales, nunca existió.

La Ley de Contrataciones del Estado determina que “no puede concesionarse ningún servicio público, cuando ya el Estado lo está operando”. En este caso, la Empresa Portuaria Quetzal ya opera el puerto; por lo tanto, no puede haber un tercero al que se le otorgue esa facultad.

¿Todo el problema es legal o se descubrió alguna anomalía financiera?

Al analizar el contrato nos dimos cuenta, por ejemplo, de que la renta neta mensual se estableció en $0.20 por metro, cuando en realidad, el precio normal del mercado es de unos $20, como en el caso de Honduras.

Por si esto fuera poco, también se logró establecer que en el contrato, los tributos le son cargados al Estado, por lo que la empresa quedaba libre de cualquier
tipo de impuesto.

¿Hay otro caso en especial que para la PGN sea de trascendencia?

Todos los casos son importantes, pero justo ahora trabajamos en uno de relevancia por la cantidad de guatemaltecos a los que afecta.

¿De qué hablamos específicamente?

De la carretera que de Cuyotenango comunica con Tulate.

En este caso se ha determinado que se interpusieron tres recursos de reposición, porque la junta adjudicó aun cuando las empresas no llenaban los requisitos. Tanto así, que están constituidas en sociedades que no estaban faccionadas en escritura pública, ni inscritas en el Registro Mercantil.

¿Qué es lo que resolvió la PGN?

Dictaminó que, aun cuando se estableció la existencia de vicios legales, es el ministro quien debe evaluar la situación y actuar apegado a derecho, pues tampoco se puede anular un evento, sin pensar en el costo que implica levantarlo, el tiempo que dura y el daño que se les hace a las comunidades que esperan ansiosas la ejecución de las obras públicas que les beneficien.

En este caso, las comunidades serán perjudicadas, pues aunque ya se cuenta con el presupuesto, la obra para facilitar el acceso de los pobladores al lugar está detenida, sin una justificación válida.

Pero usted dice que la empresa a la que se le adjudicó no cumple los requisitos. ¿Eso no es justificación suficiente para detener el proceso y reiniciarlo?

La ley dice que si hay una empresa que no llena los requisitos de las bases al momento de la evaluación, la obra se le debe adjudicar a otra empresa que haya participado en el concurso, que sí llene los requisitos, tenga el mejor precio y cumpla con lo establecido por la ley.

¿Este caso también lo está investigando el Ministerio Público?

Presentamos una denuncia ante el MP en contra de las dos empresas que se asociaron anómalamente para hacerse del contrato. Se le pidió al MP que investigue si hay actuación ilegal de algún funcionario de la junta de cotización o del mismo ministerio, pues debe determinarse por qué se ha actuado de manera inadecuada en este proyecto.

¿Estos son los casos más importantes en los que la PGN ha trabajado recientemente?

Sí, pero vienen más casos y más investigaciones por parte del MP y la Cicig, así que nuestra responsabilidad es denunciar las ilegalidades y defender los intereses del Estado y del pueblo de Guatemala.

AL PUNTO 

“Por años, la PGN fue sumisa a los intereses del Organismo Ejecutivo. Por ello, nuestro principal reto ha sido quitarle la imagen de una entidad complaciente con los gobernantes”.

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