Home > Columnas > Reformas a la justicia

La reforma al sector justicia vía cambios constitucionales tiene virtudes y defectos, pero excluir a las universidades y al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala de los procesos de postulación, es correctísimo.

La academia no tiene por qué estar en ninguna comisión para elegir magistrados. Con todo respeto, el rector de la Universidad de San Carlos debería congratularse por esa propuesta, porque alejarlos de toda función que no sea universitaria es beneficioso para la propia casa de estudios. El hecho de que la Universidad tenga representantes en tantas instancias estatales ha desvirtuado la excelencia académica, la investigación, la ética y otros valores tradicionales, entre los estudiantes, los docentes y las autoridades.

Tampoco las universidades privadas son para elegir magistrados, aunque algunas se crearon con el propósito de participar en las comisiones de postulación. Es aberrante, pero cierto. Muchos cargos de representación en diversas instituciones no cumplen con el espíritu que originalmente los inspiró, por el grado de descomposición política y por la progresividad de cambios producidos en el tiempo. Por supuesto, los colegios profesionales no deben estar inmiscuidos en procesos de postulación a cargos públicos. Su función es de naturaleza gremial. Incluso, son hasta innecesarios porque, erróneamente, la Constitución obliga a colegiarse (artículo 90) cuando el derecho a la asociatividad es voluntario (artículo 34).

La elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es controversial en la forma en que se propone. Al integrarse ahí los tres poderes del Estado ¿en dónde queda el pueblo, el ciudadano? En un caso así el voto popular adquiriría importancia para elegir magistrados. Considerar que los diputados cubren ese vacío no tiene relevancia, pues los partidos políticos han perdido totalmente su función de intermediación social. Son solo vehículos de  intereses privados. Sin el voto uninominal y sin regular la reelección se perdió la legitimidad de los diputados. Ese tipo de conformación le restaría legitimidad a la CC, ahora debilitada por sus tantas resoluciones políticas sobre cualquier asunto que se quiere resolver.

Es correcto que el Consejo de la Carrera Judicial elija la terna para elegir al fiscal general, pero en mi opinión las propuestas deberían trasladarse al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no al presidente de la República. De hecho, ese consejo lo integran miembros del Organismo Judicial.

Es necesario regular el antejuicio. En los procesos de elecciones, durante seis meses, más de 16 mil candidatos gozan de esa inmunidad, prestándose dicha prerrogativa a actos impunes. Extender ese privilegio a alcaldes y gobernadores es fomentar la corrupción ya existente en el manejo de contratos y el tráfico de intereses en la otorgación de plazas.

Incluir el sistema judicial de pueblos indígenas es un avance. Falta ver que los diputados, que hicieron tusas la ley electoral, respeten integralmente la propuesta.

Muchos cargos de representación en diversas instituciones no cumplen con el espíritu que originalmente los inspiró

.
.

Leave a Reply