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¿Qué más tiene qué pasar….?

En Guatemala para que las cosas cambien?   Pareciera que luego de lo sucedido el año pasado, la ciudadanía, los actores políticamente relevantes y el mismo gobierno no reparan en la gravedad de lo sucedido. El país estuvo a punto de caer en una crisis de estabilidad a raíz de un escándalo de corrupción de alto nivel que involucró, ni más ni menos, a los dos titulares del Poder Ejecutivo. Y si ese proceso no generó un estallido social o una crisis gubernamental es porque la democracia guatemalteca se encuentra tutelada por cooperación desde hace bastante tiempo.  En el año 2009 durante el “escándalo Rosenberg” el sector opositor al expresidente Colom (en concreto el sector privado organizado) le sugirió al anterior retirarse temporalmente del cargo mientras las investigaciones tomaban lugar. Lo anterior era, una propuesta de muy grave y cuestionable pero,  pocos parecían darse cuenta de lo anterior. ¿Quién mantuvo la gobernabilidad en ese momento crítico? CICIG al aceptar investigar el caso.  De no haber sido las cosas así, este hubiera sido un caso más de un golpe de Estado técnico.

En el 2015, además de la interrupción de mandato,  el país hizo un listado de varias decenas de personas involucradas en casos de corrupción: presidente, vicepresidente, presidente del Congreso, secretario privado de la presidencia,  candidatos a presidente,  interventores de puertos, director de la SAT y director del IGSS con los miembros respectivos de su junta.   De los últimos casos,  presuntamente, se involucra a la empresa Aceros de Guatemala (qué no es una empresa para nada pequeña) y se ha abierto proceso contra TCQ  (Terminal de Contenedores Quetzal en terrenos de Puerto Quetzal, Escuintla) que  involucra además a miembros de uno de los sindicatos de la portuaria.   Ah, incluso, hasta el futbol se encuentra manchado ya que la Federación de Futbol debió ser intervenida debida a escándalos de corrupción (aunque el escándalo no fue revelado por investigaciones de CICIG).

Si hacemos un listado de cuantas instancias están involucradas, pasamos por poderes del Estado, instituciones autónomas, partidos políticos y empresariado.  En todos los casos se revelan conexiones entre operadores políticos para conseguir beneficios,  inflar contratos y  desviar fondos a costa del erario. La corrupción está enquistada en todos los contextos de la sociedad. ¿Qué más tiene que suceder para que la ciudadanía demande y se produzca un pacto anticorrupción que acuerpen  las diferentes fuerzas políticas del país?  ¿Cuántos más escándalos tienen que suceder?  Hay un riesgo, y es que,  la sociedad se haga inmune a los escándalos y que nada la haga despertar.

Puede, si, llegar el momento en que nada haga reaccionar al sistema y cualquier otro escándalo no sea sino otra exposición pública de cómo funcionan las cosas en un sistema tan podrido.  El presidente Morales aceptó la prórroga del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad pues no le quedaba de otra.  Lo mismo hizo Pérez Molina en su momento pero el proceso para ratificar por vía del Congreso dicho mandato parece que nadie lo pregunta.  Con tal lentitud conveniente del sistema, tampoco nadie parece reparar en la necesidad de ir diseñando la  super-fiscalía anticorrupción que sustituirá a CICIG cuando su mandato termine.

Los casos hasta ahora presentados -y los que vengan-  solo refieren a las grandes estructuras involucrados  pero los remanentes de dichas estructuras van a reaccionar en contra del sistema y CICIG  no estará (lastimosamente) de por vida en el país. Esa estrategia postcicig debe también considerarse de forma que las experiencias y capacidades se puedan institucionalizar.

De lo contrario, todo regresará al modo de siempre.

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