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Ordenan a juez investigar a diputados

Por decisión unánime, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) optó por dar trámite a los antejuicios interpuestos en contra de ocho congresistas de la bancada oficialista del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y de su magistrado quinto, Douglas René Charchal Ramos.

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Por el tipo de funcionarios que se involucran en cada caso, los expedientes, por ley, tomaron distinto rumbo. El de los parlamentarios fue trasladado a la Sala Primera del Ramo Penal, donde actuará como juez pesquisidor el presidente de dicho tribunal, Freedyn Waldemar Fernández Ortiz. Mientras que el del magistrado Charchal fue enviado al Congreso de la República, donde debe seguirse el trámite, según la Ley en Materia de Antejuicio.

Los ocho diputados oficialistas son acusados de discriminación y tráfico de influencias. El proceso en su contra se inició el 16 de abril, luego de que el Ministerio Público presentó la formal solicitud para que todos fueran antejuiciados. Los señalamientos en su contra tienen origen en la citación que la bancada oficial hizo a la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, con quien sostuvieron una conversación altisonante de la que la funcionaria salió llorando producto, según ella, de haber sido insultada. “India estúpida, así se han hecho las cosas, así se hacen y así se harán”, le habrían dicho.

Los insultos a la gobernadora sirvieron de base para que ella presentara una denuncia ante el MP y este a su vez accionara en contra de los ocho legisladores, solicitando su antejuicio a la Corte Suprema.

“La Corte Suprema de Justica hizo un análisis y estima que existen indicios racionales que a criterio de esta corte hacen necesario que se desarrolle una pesquisa”, señaló el portavoz el Organismo Judicial, Ángel Pineda, al anunciar la decisión colegiada.

El juez pesquisidor cuenta ahora con 60 días para emitir su fallo, el cual debe trasladar, en calidad de informe, a la Corte Suprema de Justicia. Si su reporte es favorable, la Corte deberá nombrar a un juez que lleve el proceso penal; de lo contrario, se declararía sin lugar y todo quedaría como si nada hubiera ocurrido.

CHARCHAL, AL CONGRESO

Mientras tanto, en el Congreso de la República ya tienen el expediente en contra del magistrado quinto, Douglas René Charchal Ramos, contra quien el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron un proceso de antejuicio.

La solicitud en contra de Charchal está relacionada con el polémico contrato de usufructo oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ). El magistrado fue vinculado al caso TCQ, luego de que el colaborador eficaz y ex secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón Rojas, indicó que él tuvo injerencia para otorgar un amparo a favor de la empresa que funciona con el auspicio de la española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB).

En términos similares se ha referido al caso la fiscal general, Thelma Aldana, pues indica que existen fuertes sospechas de que el magistrado Charchal incurrió en tráfico de influencias al gestionar resoluciones judiciales a favor de TCQ, en un juzgado de Escuintla.

El pleno de magistrados de la CSJ conoció ayer la solicitud de antejuicio, y luego de concluir que existían suficientes indicios para declarar con lugar el trámite de antejuicio envió el expediente al Congreso, donde deberá conformarse una comisión pesquisidora para la investigación procedente. “La Corte Suprema de Justicia resuelve remitir al Congreso de la República el expediente para que sea este el que lo conozca y resuelva conforme a derecho”, señaló en este caso el vocero de la CSJ.

Antejuicio contra magistrado

Le acusan de tráfico de influencias

De acuerdo con el Decreto 85-2002, Ley en Materia de Antejuicio, el proceso en contra del magistrado Douglas Charchal debe conocerse en el Congreso  de la República.

Según la normativa, en la próxima plenaria deberá conocerse el expediente que la Corte Suprema de Justicia envió al Legislativo y allí elegir una comisión pesquisidora, conformada por cinco integrantes, quienes deben escuchar a acusador y acusado.

La comisión debe entregar un informe al pleno, con copia a cada uno de los diputados, en el cual recomienda al pleno sí o no ha lugar el antejuicio. En esa misma sesión, el pleno debe votar para decidir si debe juzgarse al funcionario, y esa decisión se toma con el voto favorable de las dos terceras partes del total de legisladores. De resultar un fallo favorable, el expediente se devolverá a la CSJ para que lo turne a un tribunal de orden común y proceda.

Si la decisión fuera declarar sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa.

Los 8 imputados

Estos son los diputados oficialistas contra quienes la Corte Suprema de Justicia encontró elementos suficientes para proceder con su antejuicio:

1.- Juan Manuel Giordano Grajeda

2.- Óscar Rolando Corleto Rivera

3.- Laura Alicia Franco Aguirre

4.- Byron Juventino Chacón Ardón

5.- Rudy Berner Pereira Delgado

6.- Julio Antonio Juárez Ramírez

7.- Ferdy Ramón Elías Velásquez

8.- Édgar Eduardo Montepeque González

Antejuicio contra diputados

Son señalados de discriminación y tráfico de influencias

Con respecto a los ocho diputados acusados de discriminación y tráfico de influencias, la Corte Suprema de Justicia decidió nombrar al magistrado Freedyn Fernández como pesquisidor del caso, cuyas atribuciones son las siguientes:

1. Analizará los documentos que se presenten para establecer la realidad y veracidad de los hechos.

2. Tomará declaración del denunciante o querellante, así como del dignatario o funcionario afectado, así como cuanta diligencia estime pertinente.

3. Si de los hechos denunciados existen motivos suficientes para declarar que ha lugar a la formación de causa, deberá emitirse informe correspondiente.

4. Si se declara con lugar el antejuicio, el juez pesquisidor remitirá el expediente a la Corte Suprema de Justicia, para que esta, a su vez, lo remita al juez competente.

5. Emitir su dictamen o informe dentro del plazo no mayor de sesenta (60) días.

Jimmy Morales

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

“Se debe proceder conforme a la ley y los reponsables deben pagar por sus acciones”.

 
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