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Ministro Morales revela abusos de FCN-Nación

En evidencia han quedado los conflictos que existen entre los funcionarios del Ejecutivo con los del Legislativo, lo cual permitió confirmar aspectos que antes solo se sospechaban, como la sugerencia de personal por funcionarios públicos para ocupar puestos en las diferentes carteras de gobierno.

Durante una citación por la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, denunció públicamente ayer que recibió sugerencias de plazas por diputados del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

El canciller fue directo y, sin tapujos, señaló a los congresistas Javier Hernández Ovalle y Edgar Ovalle, jefe y subjefe de la bancada oficial, respectivamente.

Como buen diplomático, Morales intentó restarle importancia a la acción de los legisladores. “Son normales esas sugerencias hasta cierto punto”, dijo al aclarar que no incurre en el delito de omisión al no revelar los nombres de personas que habrían hecho esas sugerencias. “Tendría que denunciar a mucha gente”, reveló.

Los diputados de la UNE preguntaron al funcionario qué otras personas le habían solicitado plazas, a lo cual respondió que recibió propuestas por parte de dos viceministros, uno de Gobernación y otro de Desarrollo Social.

Morales aseguró que un 20 por ciento del personal de la Cancillería se enroló en esa dependencia, a raíz de decisiones políticas, aunque prefirió no entrar en detalles.

Sin embargo, aunque aceptó haber recibido las sugerencias de funcionarios y congresistas, también advirtió que estas no fueron tomadas en cuenta y se quedaron en eso, en una solicitud que, según él, garantiza la Constitución Política de la República en su artículo 28 (derecho de petición) .

Al finalizar la sesión del Congreso, Siglo.21 interrogó al diputado Javier Hernández Ovalle, padre del jefe de bancada de FCN-Nación, el también congresista Javier Hernández Franco.

Las preguntas giraron en torno a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, a lo que Javier Hernández Ovalle respondió confesando que solicitó una plaza para una persona. Lo que “no le voy a decir es para quién”, puntualizó.

CONTRA EL MINISTRO 

Actualmente existe una solicitud de antejuicio en contra del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Alfonso Cabrera, ya que en una ocasión reveló que recibió sugerencias  de diputados para otorgar plazas en la cartera que dirige.

Luego del testimonio del ministro, Mario Taracena, presidente del Congreso, le exigió que llegara al Legislativo a dar los nombres de diputados que le habrían pedido plazas a cambio de ya no ser citado para rendir cuentas.

Las exigencias de Taracena fueron solo el inicio de una serie de exigencias para el titular de Salud Pública, pues a ellas se sumó la instancia de jefes de bloque y también los medios de comunicación, últimos a los que el ministro Cabrera aseguró que había olvidado los nombres de los ponentes.

Las declaraciones de Cabrera indignaron a los jefes de bloque, cuerpo colegiado que anunció la apertura de un proceso penal en su contra por omisión de denuncia, pues al no brindar los nombres de los congresistas que pidieron plazas a cambio de favores, los señalamientos serían generalizados.

Días después, Cabrera se presentó al Congreso con un listado de 18 diputados, de los cuales 6 eran de FCN-Nación, 3 del Movimiento Reformador, 2 de la UNE, y otros partidos como Alianza Ciudadana, Unión del Cambio Nacional (UCN), Compromiso Renovación y Orden (Creo) y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz).

Los parlamentarios del partido oficial que fueron acusados son Javier Hernández Franco, jefe de bancada; Víctor Cruz, Édgar Ovalle, Julio Juárez, Rudy Pereira y Javier Hernández Ovalle.

Este sería el tercer caso en el que estaría implicado el diputado Édgar Ovalle, ya que también se filtraron unos mensajes de texto en los cuales pedía la contratación de personal en los ministerios de Salud y Agricultura; y personal para el Ministerio de Cultura y Deportes, quienes tendrían que haber sido contratados el 1 de abril.

ACTOS DISCRIMINATORIOS 

El Ministerio Público (MP) presentó ocho solicitudes de antejuicio en contra del mismo número de diputados que integran el partido oficial, a quienes señalan de haber incurrido en los delitos de discriminación, abuso de autoridad, concusión y tráfico de influencias.

Los antejuicios fueron solicitados luego de la denuncia que presentó la gobernadora departamental de Alta Verapaz, Estela Ventura, quien asistió a una reunión el pasado 5 de abril, organizada por el diputado Óscar Rolando Corleto, en la cual fue  tratada de “india estúpida” al negarse a realizar cambios en el Consejo Departamental de Desarrollo, para instalar gente del partido.

Según las primeras investigaciones, los diputados participantes en la reunión y que habrían cometido los delitos por los que se solicita su antejuicioson: Óscar Rolando Corleto, Juan Manuel Giordano, Laura Alicia Franco Aguirre, Byron Juventino Chacón, Rudy Berner Pereira, Julio Antonio Juárez, Ferdy Ramón Elías y Édgar Eduardo Montepeque, todos del partido FCN-Nación.

Práctica de otros gobiernos

La exigencia de plazas ha sido común

Aunque la práctica legislativa de solicitar plazas en el Ejecutivo para familiares y otros colaboradores del partido oficial no es nada nueva, ahora resalta porque son los ministros y gobernadores quienes han planteado las denuncias públicas y, aunque no lo dicen abiertamente, entre líneas puede leerse que se quejan de ser víctimas de extorsión.

En otras administraciones gubernamentales, los casos no fueron menos. El año pasado, por ejemplo, se reveló que la exministra de Gobernación, Eunice Mendizábal había contratado en la cartera del interior hasta diez plazas para parientes suyos.

Mendizábal también fue cuestionada por posibles intercambios de favores, al firmar un contrato de Q196 millones con la empresa Aero Ruta Maya, S.A., donde tiempo después trabajó su hijo Héctor Antonio Roldán Mendizábal. Esta entidad daba mantenimiento a seis helicópteros donados por Estados Unidos y que están al servicio de la cartera de Gobernación.

También fue pública la exigencia de plazas por parte de diputados del Partido Patriota al entonces ministro de Agricultura, Efraín Medina. Un escándalo se reveló cuando un grupo de congresistas se reunió con Medina en un club del centro capitalino y, ante los ojos de muchos, le gritaban que tenía obligación de darles trabajo a los colaboradores del partido.

La única persona que guarda prisión por la creación de plazas dentro del Congreso es el expresidente de dicho órgano, Pedro Muadi, quien fue descubierto por investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Muadi habría contratado a 15 guardias de seguridad con salarios de Q8 mil mensuales cada uno. Sin embargo, al final estos solo recibían Q2 mil, aparte de que nunca prestaron los servicios.

Alfonso Cabrera

MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

“Tengo la certeza de que esta política será efectiva en el combate de la criminalidad”.

Carlos Morales Moscoso

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

“Hoy se marca un antes y un después en el abordaje del crimen y la violencia en Guatemala”.

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