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El MP imputa a Pérez y Baldetti

Ayer, durante su audiencia de primera declaración, el Ministerio Público les imputó al menos cuatro delitos a cada uno de los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, por el contrato millonario de usufructo oneroso entre la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ), y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

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El ente investigador expuso que durante su gestión al frente del Gobierno, consintieron varios hechos ilícitos que dieron como resultado  la celebración del contrato  entre ambas empresas, por las que fueron beneficiados económicamente con $4.7 millones para Pérez y $4.1 millones para Baldetti.

Los delitos por los que el Ministerio Público los acusa son: Asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y fraude.

En el transcurso de la presente semana se espera que sean acusados los otros nueve implicados en
este caso.

ACUSACIONES DIRECTAS

Tanto Pérez como Baldetti fueron señalados de liderar la estructura criminal “con quienes se concertó, en pos de obtener beneficios económicos generados como consecuencia de la celebración y ejecución del contrato principal de usufructo y el contrato administrativo accesorio a favor de la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A.”, indicó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval.

Para justificar la acusación, increpó a Pérez diciendo “esto sucedió con el propósito que le fuera remunerado a usted y a los restantes miembros de la organización criminal, el apoyo ofrecido a los inversionistas extranjeros, por lo que usted impartió las instrucciones a estos y a subalternos suyos para agilizar y facilitar el desarrollo del proyecto”.

Asimismo, el representante del ente investigador aseguró que el exgobernante promovió reuniones con la banca privada internacional y nacional, en las que él participó “para demostrar que el proyecto contaba con el respaldo gubernamental”, y lograr que la empresa contratista obtuviera los recursos necesarios para financiar la operación.

Pérez habría requerido de las personas bajo sus órdenes, las autorizaciones y permisos para viabilizar y facilitar la ejecución del contrato.  “Usted, en su calidad de funcionario público, con su actuar y la de sus copartícipes, puso en peligro y lesionó el orden social establecido y legalmente protegido para favorecer actividades criminales, le insistió Sandoval.

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