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Van en estas líneas mis impresiones iniciales respecto de algunas propuestas –arbitrariamente escogidas– que para reformar nuestra Constitución presentaron los presidentes de los tres organismos del Estado y la mesa técnica integrada por la Fiscal General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el lunes recién pasado. Me valgo de las notas que, de manera sintética, publicaron algunos diarios. Tan pronto disponga del texto oficial haré un comentario completo de las mismas.

Es alentador –y merece nuestro apoyo cualquier iniciativa que tienda a mejorar nuestro orden constitucional- y por la misma razón bienvenida sea toda crítica que con ánimo constructivo y propositivo se formule al proyecto.

Tomando en cuenta las experiencias obtenidas en los tres últimos procesos de selección de magistrados, Fiscal General y Contralor General de Cuentas, aplaudo la supresión de las Comisiones de Postulación. Vislumbro en el mediano plazo la decadencia de algunas universidades privadas si la reforma propuesta llega a feliz término.

Me parece loable la propuesta para suprimir el derecho de antejuicio para los alcaldes y gobernadores departamentales. Pero ¿qué sucede con el antejuicio que escuda a los candidatos a cargos de elección popular? A pesar de que la Corte de Constitucionalidad ya dijo que este privilegio emana única y exclusivamente de nuestra Ley Suprema, el privilegio se ha mantenido bajo el argumento de que la norma que lo contiene aún no ha sido expulsada de nuestro ordenamiento jurídico.

También considero plausible que el período de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia se amplíe a 12 años, en vez de los cinco que dura actualmente su mandato, y que el de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad se extienda a nueve. En el caso del Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, sus nueve magistrados duran nueve años en el cargo y se renuevan por terceras partes cada tres años, permitiendo la oxigenación y conservando cierta estabilidad jurisprudencial. Tratándose de la Corte Suprema de Justicia, el éxito de la reforma dependerá en mucho de la independencia que sus magistrados sean capaces de lograr. El problema que me preocupa en ambos tribunales es que uno y otro tomen posesión en la misma fecha; es decir, que sean electos en un mismo período presidencial –como tradicionalmente se ha hecho– ya que, tarde o temprano, los conducirá a una concentración de poder tal, que ponga en peligro la estabilidad del sistema. Desconozco si los magistrados de ambos tribunales podrán ser reelectos.

Tres de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad serán electos por el pleno del Congreso de la República; tres por el pleno de la Corte Suprema de Justicia; y tres por el Consejo de Ministros, en todos los casos por mayoría absoluta. Mi preocupación radica aquí en mi justificada desconfianza hacia los diputados que integran el Organismo Legislativo –para el cual aún no se ha propuesto reforma constitucional alguna– y mi escepticismo hacia el poder deliberativo del Consejo de Ministros para la elección de tres magistrados en una sola elección.

Vislumbro en el mediano plazo la decadencia de algunas universidades privadas, si la reforma propuesta llega a feliz término

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