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Seguridad ciudadana: entre la prevención y la represión

El año pasado, Ángel Escalante (12 años) fue lanzado del puente  Belice por pandilleros, debido a que se negó a asesinar a un piloto de bus. Horas después murió como consecuencia de los golpes y heridas. El 17 de abril fue asesinada otra niña, Luz Elena Ortega (15), mientras su hermana de seis años resultó herida en el ataque. Luz tampoco quería colaborar con las maras.

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El primero de los casos ocurrió en la zona 6 de la capital, y el segundo en el municipio de Villa Nueva. Ambos son una pincelada en el panorama de la violencia en el país y ambos pudieron ser evitados con acciones de prevención, señalan analistas y otros expertos en seguridad que trabajaron en la Política Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito, la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Pacífica (2014-2034).

Las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dan a conocer que en 2011 se reportaron 6,240 muertes violentas, mientras en 2015 se registraton 5,678. La cifra ha permanecido similar en los cinco años citados, lo que constituye un signo de alerta para todas las instituciones que trabajan en la prevención de la violencia.

Las formas de los abusos extremos son diversos y van desde lo intrafamiliar (hechos que se cometen en el seno del hogar) a los asesinatos, pasando por las diversas expresiones de la delincuencia común y el crimen organizado.

Sin embargo, la agresividad criminal u homicidios son los indicadores que se utilizan comúnmente en todo el mundo para determinar los niveles de violencia en un país. Y en Guatemala no se observa una reducción significativa en el número de personas que fallecen en hechos de violencia.

LA PREVENCIÓN, INDISPENSABLE  

Juan Orozco, quien coordina la Unidad de Prevención de la Violencia Comunitaria (UPVC) del Ministerio de Gobernación (Mingob), afirma: “Somos una fuerza técnica que desde el tercer viceministerio planteamos la reformulación y revisión de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito. Uno de los objetivos de esta revisión es contar con medidores. Necesitamos tener indicadores para medir los resultados de las acciones que se implementen en torno a esta política”.

Orozco añade que la semana pasada se instaló equipo en las oficinas donde funcionarán los observatorios de prevención en algunas municipalidades, entre estas, la de Tucurú, en Alta Verapaz y la de San José Pinula, Guatemala.

“Estas oficinas permitirán conocer las incidencias del delito en determinados lugares. Por ejemplo, en municipios donde se producen robos de carteras debido a que hay áreas sin alumbrado, puede contarse con el aval de la municipalidad para instalar los focos”, dijo.

Desde 1996, el Estado de Guatemala ha realizado diversos esfuerzos por modificar el abordaje de la seguridad ciudadana y transitar de un enfoque reactivo y de represión hacia uno preventivo, que aborde de manera integral los diversos aspectos que inciden en los altos índices de violencia, señala el Estudio de Prevención de la Violencia del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).

Uno de los elementos de crítica que establece el documento del CEG, es que los diversos gobiernos han sostenido un enfoque militarista y reactivo en el tema, y en lugar de ser preventivo, ha sido represivo.

Con esta visión coincide Lily Muñoz, analista del Centro de Investigaciones para la Prevención de la Violencia (Ciprevi), y miembro del Consejo Editorial de la publicación feminista La Cuerda.

Muñoz afirma que durante años se ha mantenido una visión represiva para el abordaje de la violencia.

No hemos visto en ningún lugar que el problema se aborde desde la dimensión estructural e histórica. En nuestros países existe una geografía del terror y de la violencia. Hay que ver cómo esa Guatemala del terror generó, años después del conflicto armado, una geografía de la violencia y aún no se contempla la dimensión histórica. Se está dando un excesivo valor a la tecnocracia y se carece de un marco interpretativo. Juicios históricos recientes, como el de Sepur Zarco, jugarán un papel preventivo si se logra hacer justicia”, señala.

ESFUERZOS CON POCA VOLUNTAD POLÍTICA

Eddy Morales, ex director del Sistema Penitenciario y actual docente en la Maestría en Seguridad, Análisis Estratégico y Geopolítica de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), señala:

“Aunque han existido diferentes esfuerzos, falta la continuidad que garantice la implementación y de esta manera, existen muchos programas inconclusos y varias organizaciones de la sociedad civil han debido encargarse de temas como la prevención. Otro de los factores es la falta de presupuesto, porque para implementar una política de Estado es necesario contar con fondos considerables”.

PREVENCIÓN ESTATAL Y EPRESIÓN AL CRIMEN ORGANIZADO

En tanto, el analista de seguridad y exdiplomático Manuel Villacorta, menciona que en el tema de prevención y combate del delito: “Han habido adelantos limitados y hay que reconocer que la mayor parte de estos provienen de las acciones emprendidas por el Ministerio Público (MP), en su combate contra la corrupción y las bandas criminales. Especialmente, en el caso de la Línea, fue patente el apoyo de la sociedad civil al tema”.

Para este analista, el combate al crimen organizado exige un abordaje reactivo, pero se debe tener en cuenta que la delincuencia común debe recibir un trato estructural y preventivo.

Sin embargo, añadió que somos un Estado pobre y las instituciones estatales trabajan con base en un presupuesto muy reducido. Para realizar un abordaje estructural es necesario contar con suficientes fondos.

Tanto Morales como Villacorta explican que la prevención del delito tiene tres niveles: en el primario, se atiende a escolares y adolescentes, sensibilizándolos en temas como el bullying.

El nivel secundario alcanza a las colonias y áreas geográficas en las que se tienen ubicados focos de violencia delincuencial.

Y finalmente, el tercer nivel consiste en trabajar para la reinserción social de quienes se encuentran presos por diversos delitos, pero el manejo adecuado del sistema penitenciario es otro problema por resolver.

Avances y retos de la prevención

Al comentar los avances y retos de la política para prevenir la violencia, la consultora Evelyn Espinoza, quien trabajó el contenido de las líneas de acción para el eje Adolescencia y Juventud, enfatiza en la importancia que el papel de la sociedad civil tiene en todos los esfuerzos de prevención que se puedan realizar desde el Estado.

“La mayoría de recomendaciones relacionadas con el eje en el que trabajé son de prevención primaria. La implementación de eventos y espacios para practicar deportes, arte y el uso productivo de los momentos de ocio es fundamental. Asimismo, lo es la prevención secundaria, con jóvenes que habitan en áreas de riesgo”.

Para fundamentar su trabajo, realizó una revisión teórica de las modalidades para la prevención del delito en Europa y Estados Unidos. El plan en su totalidad contempla más de doscientas líneas de acción y, desde 2014, se presentó y se socializó, señala.

El que actualmente haya tres personas realizando una revisión de todo este trabajo conjunto de organizaciones, entidades estatales y el Mingob, puede llegar a crear alguna resistencia, afirma  Espinoza.

Muertes violentas entre 2011 y 2015

Año / Muertes

2011 / 6,240

2012 / 6,025

2013 / 6,072

2014 / 5,924

2015 / 5,678

Lily Muñoz

feminista y analista de seguridad

“Juicios históricos recientes, como el de Sepur Zarco, jugarán un papel preventivo, si se logra hacer justicia”.

Manuel Villacorta

analista

“El combate al crimen organizado exige un abordaje reactivo, pero debemos tener en cuenta que la delincuencia común debe recibir un trato estructural y preventivo”.

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