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PGN y Contralor piden declarar lesividad en contratos de DGAC

Dos contratos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), cuya lesividad se ha discutido al menos desde hace dos años, fueron sacados del baúl de los recuerdos ayer en la bancada de Encuentro Por Guatemala. Tanto la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), como la misma DGAC, coinciden en que los contratos son lesivos.

Uno de ellos es el del estacionamiento público del Aeropuerto Internacional La Aurora, cedido a la firma Constructores y Consultores Viales, S.A. El otro, el de la distribución y suministro de combustibles para las aeronaves.

En el primero de los casos, según datos facilitados por el Contralor Carlos Mencos, el Estado está dejando de percibir Q49 millones al año, ante la falta de una resolución del Organismo Judicial que, de una vez por todas, permita que el Estado retome el control de ese parqueo.

OTRO CONTRATO

Pero aún hay más. Según el diputado Luis Pedro Álvarez, de Encuentro por Guatemala, también hay lesividad en el contrato para la distribución y suministro de combustibles. Este último está firmado entre la DGAC y Terminales del Atlántico, S.A.

La investigación sobre dichos contratos ha revelado que ambas empresas, la arrendadora del parqueo y la distribuidora de combustibles, son propiedad de empleados de la DGAC, lo que los convierte en ilegales.

Ante la situación, la PGN, la CGC, la DGAC y la bancada de Encuentro por Guatemala denunciaron la existencia de colusión, pues hay intereses de los empleados contratados bajo el renglón 029 que ahora resultan ser socios fundadores y representantes legales de empresas contratistas.

Los señalados

Tenían contrato 029

Los principales señalados en este caso de corrupción son Juan Carlos Marroquín y José Carlos Eduardo de Paz González.

Ante tal situación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y los diputados de la bancada Encuentro por Guatemala iniciaron los trámites legales para procesar a los responsables.

Mientras tanto, se siguen analizando otros contratos, que también podrían dar lugar a más casos de corrupción.

49 millones de quetzales pierde el estado,  al no recuperar el control del parqueo del aeropuerto

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