El Siglo

El pecado original

Recientemente, se están discutiendo entre múltiples grupos sociales las reformas a la Ley de la Carrera Judicial,  iniciativa 4883 y se insta al Congreso a su rápida discusión, lo cual es loable; sin embargo, sin reforma constitucional en materia de justicia que limpie la labor judicial de la intromisión política, nunca alcanzaremos una efectiva carrera judicial.

Guatemala es un país donde es claro que no existe carrera judicial porque no en todos los ascensos se reconoce méritos, ni se privilegia a los jueces que vienen creciendo desde abajo y labrándose un desempeño de excelencia.

Muchos funcionarios judiciales mueren en el intento de continuar escalando en su carrera jurisdiccional, pero no por cuenta propia, sino porque el actual sistema lo impide al no reconocerse sus méritos profesionales aunque demuestren capacidad, objetividad, idoneidad, entereza y valentía.

Actualmente, el poder político tiene la potestad de escoger a los magistrados, es decir, quienes conocen la fase recursiva de los procesos luego de la justicia de jueces, y poseen la competencia de conocer apelaciones, amparos y casaciones. Este mecanismo de designación totalmente político, se convierte en la herramienta necesaria de control de la justicia y su politización.

Los funcionarios elegidos son necesarios cuando hay que tomar decisiones transcendentales de interés político, económico o social para garantizar protección y beneficio a quien los impulsó al inclinar la balanza a su favor, por esa razón el Poder Judicial es el paraíso que todo mundo quiere conseguir y esta forma de ascenso se convierte en su pecado original y la fuente de todos los males de un Estado de derecho porque solo garantiza impunidad.

Este sistema no blinda la independencia judicial. Los jueces son vulnerables a injerencias y muchas veces forzados a ajustarse al sistema bajo amenaza de sanciones, traslados y ser descartados definitivamente de la carrera judicial.

Ser juez independiente en la situación actual es complicado, y aunque existen fallos imparciales, es gracias a aquellos funcionarios que por convicción, integridad moral, honor y coraje aplican justicia, aferrados en un Estado de derecho democrático, pero no porque se les garantice independencia ni inamovilidad.

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