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PGN aboga por anular contrato en caso TCQ

La Procuraduría General de la Nación (PGN) instó hoy al Organismo Ejecutivo a impulsar las acciones legales pertinentes, entre ellas la nulidad contractual, en

el caso de la empresa portuaria involucrada en corrupción en la ampliación de la terminal del Puerto Quetzal, Escuintla.

La responsable de este órgano asesor, María Eugenia Villagrán, abogó este lunes por emprender estas medidas, que ya han sido solicitadas al Ejecutivo y cuya autorización es requerida para poner en marcha el proceso.

Asimismo, Villagrán aclaró que no es posible solicitar la lesividad del contrato por haber transcurrido más de los tres años estipulados en la legislación.

El escándalo de corrupción involucra al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes supuestamente lideraban una estructura delictiva que trataba de lucrarse y blanquear dinero a través de la construcción y gestión de la nueva terminal de Puerto Quetzal, la mayor del país.

También está involucrado el español Juan José Suárez, director general de Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), filial en Guatemala de la firma española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) que firmó el contraro para la ampliación del puerto.

Entre enero de 2012 y abril de 2015, la trama realizó los nombramientos y gestiones necesarios para asegurar la firma del contrato a cambio de una “comisión” de $24.5 millones, de los cuales supuestamente $12 millones llegaron a manos de los acusados.

La petición de nulidad contractual fue solicitada por tres diputados opositores ante la sala sexta de lo Contencioso-Administrativo, aunque por el momento nadie se ha pronunciado sobre este extremo.

En caso de que se produzca cualquier disputa judicial, señaló Villagrán, será el tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio de Guatemala el que debe decidir.

El presidente de esta Cámara, Jorge Briz, instó también al Ejecutivo a buscar una solución a esta controversia que defienda los “legítimos intereses de la República” sin perjudicar a terceros.

Además de la nulidad, Briz dejó entrever la posibilidad de volver a convocar una licitación de la gestión de la nueva terminal.

En cuanto a la vertiente penal del caso, en la que hay ya nueve detenidos y otros cinco con orden de captura internacional, la PGN avanzó que solicitarán que todos los implicados queden ligados a proceso y en prisión preventiva, así como una sanción de reparación social por el fraude supuestamente cometido.

 

Foto: Archivo PGN

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