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En Guatemala hay tantas talanqueras y encierros en sectores residenciales que el derecho a la libre locomoción está quedando en letra muerta. Cada día, más sectores y colonias, calles y avenidas, desde las más exclusivas hasta las más modestas, están protegidas por garitas privadas de seguridad donde requisan los vehículos, fotocopian documentos personales y solicitan direcciones. Esta situación se ve más complicada por la privatización de muchas calles y avenidas, entregadas a negocios particulares, como ocurre con la calle que da acceso al Hospital Rodolfo Robles, en el anillo Periférico, zona 11, cedida a un colegio por la Municipalidad de Guatemala. Esa calle, otrora concurrida por pacientes de ojos y oídos, es hoy custodiada por garita y agentes privados. Por supuesto, cerrada al público.

En muchos lugares los vecinos que no cumplen con la obligación de pagar el costo de la seguridad tienen que dejar los vehículos y levantar las talanqueras por su propia cuenta, sin importar edad o sexo, para poder entrar a sus propios domicilios. Tampoco pueden evadirse las filas por donde circulan los vehículos debido a que no hay manera de buscar extravíos. Si lo intentas chocas con garitas, muros y talanqueras. La situación del tráfico es exasperante por la falta de rutas alternas de circulación.

¿A dónde llegaremos?  Aparentemente nada ni nadie puede evitar el cierre de arterias importantes de la vía pública, pues la seguridad estatal, con todo y sus espacios de circulación, se está cediendo a la seguridad privada. Se calcula que en Guatemala existen alrededor de 120 mil agentes de la seguridad privada, a diferencia de la Policía Nacional Civil, que apenas cuenta con 25 mil efectivos. Pagamos cada año unos 5 mil millones de quetzales a la seguridad privada, con policías mal pagados y poco preparados. Los costos no los pagan solo las personas particulares, sino también los empresarios, en cerca de 250 millones de dólares, cada año, lo cual significa una elevación de sus costos de operación.

El crecimiento de la seguridad privada implica grandes limitaciones a la libre circulación de vehículos y personas. Ahora bien, vale la pena preguntarse ¿hasta qué punto la seguridad privada puede funcionar en espacios abiertos, con otros mecanismos, sin necesidad de  encerrar a las personas e impedir la libre locomoción? Son opciones que las autoridades deben evaluar antes de seguir autorizando más encierros. Por el contrario, muchas vías se deberían liberar paulatinamente, cuando son rutas necesarias, alternas, para facilitar la fluidez del tráfico. Continuar estas prácticas es, además, un abuso de autoridad. ¿Cuánto tiempo significó liberar un carril de la décima avenida, en Las Charcas, en la salida al Periférico? 20 años.  Y eso que el Inajú aún no libera la vía que corresponde. ¿Cuántas áreas públicas no se han privatizado en Mixco?

Preservar y cuidar las áreas públicas es un asunto al que las autoridades de los municipios deben conceder gran importancia.

Huelga decirlo: al caos vial

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