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El derecho de veto es un “medio típico de control político” conferido al presidente de la República y cuya contrapartida, desde la perspectiva del Organismo Legislativo, es el principio de primacía legislativa, que a este último le permite rechazar el veto y publicar la ley.  La Corte de Constitucionalidad describió el veto alguna vez diciendo que se trata de un “acto presidencial, producto de su negativa a sancionar el proyecto de ley, es una actuación constitucional discrecional, legítima y prevista en la Constitución Política de la República” (Sentencia del 19.05.93, Expediente. 4-93).  En este punto –valga observar– algunos tratadistas, atendiendo a su motivación o justificación, distinguen entre “veto por motivos de conveniencia” y “voto por motivación constitucional”. En ambos casos, según lo afirmó la CC en esa misma sentencia, el veto “produce el efecto procesal de enervar la sanción de una ley, y se enmarca dentro del trámite de su formación que, en su fase de sanción, le confiere al Presidente de la República la facultad de vetar el proyecto, únicamente con las observaciones que considere pertinentes correspondiendo posteriormente al Congreso, no solamente reconsiderar el proyecto de ley ratificándolo o no…”

Lo interesante del veto fundamentado en motivos constitucionales radica en determinar cuál debe ser la actitud del presidente en el caso que, como sucedió recientemente, el Congreso rechace el veto, apruebe el decreto vetado y ordene su publicación conforme lo dispone nuestra Ley Suprema. ¿Deberá quedarse callado y aceptar pacíficamente la Primacía Legislativa?

Conforme con el inciso b) del artículo constitucional 135, es deber de todo guatemalteco “cumplir y velar por que se cumpla la Constitución de la República”. Más aún, el artículo 183 le impone al presidente la función de “cumplir y hacer cumplir la Constitución” y por si lo anterior fuese poco, para tomar posesión de su cargo, prestó juramento de fidelidad a la Constitución ante el Congreso de la República. Hacer mutis por el foro ante semejante situación le implicaría una gravísima responsabilidad delictiva por incumplimiento de deberes y por resoluciones violatorias a la Constitución.

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