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Critican no inclusividad de Ley de Microfinanzas

La recién aprobada Ley de Microfinanzas por parte del Congreso, la cual regula a las entidades de microfinanzas de ahorro y crédito así como a las sin fines de lucro, ha generado reacciones, tanto positivas como negativas, debido a que no es inclusiva.

El presidente del Consejo Nacional de Microfinanzas (Conamif), Reynold O. Wálter opinó que es importante este marco regulario, ya que da seguridad jurídica al trabajo de las microfinanzas, además de fortalecer y apoyar el sector de la micro y pequeña empresa en Guatemala.

“Para llegar a tener una regulacion de microfinanzas en el pais pasaron más de 10 años. Se trabajaron 4 anteproyectos y este ultimo salió publicado despues del esfuerzo realizado por la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala y el Ministerio de Economia. Nosotros, por nuestra parte, les hicimos llegar observaciones pero no nos tomaron en cuenta. Consideramos que no es una ley inclusiva, ni que traiga fomento para el sector”, señaló.

Entre las observaciones, Wálter resaltó el capítulo II, el cual establece el capital mínimo inicial, que considera es muy alto. “Pocas microfinanzas podran adscribirse a las Microfinanciera de Ahorro y Crédito (Mac), en el cual se pide $5 millones y para las Microfinanciera de Inversion y Crédito (Mic), $1.8 millones.

“En su momento hicimos ver a la Comisión que este capital minimo es sumamente alto, por lo que se tuvo que rebajar para dar más oportunidad a que las entidades se incorporen a la ley. Si se analiza, en ámbito de America Latina y el Caribe, en los países donde hay un marco regulatorio el capital inicial es mucho menor que el que se puso aquí en Guatemala”, agregó.

LAS SIN FINES DE LUCRO

En cuanto a las microfinanzas sin fines de lucro, el presidente de Conamif destacó que la mayoría de las instituciones de microfinazas estarán incorporadas en este título, ya que se creará un registro a través del Ministerio de Economía, y a su vez, este tendrá que crear el reglamento para el registro.

“Nosotros estamos en nuestra mejor disposicion para aportar en el proceso de diálogo del reglamento que se menciona en esta parte para los entes de microfinanzas no lucrativos”, manifestó Wálter.

El especialista en microfinanzas, Julio David Castellanos, respecto al artículo 3, explicó: “La ley no va dirigida a las entidades sin fines de lucro ni a instituciones de microfinanzas, a pesar que algunas ya llevan más de 30 años funcionando. Ni tendrán ningún incentivo, a pesar que ya atienden a más de 600 mil clientes”.

Agrego, “en el tema fiscal, las instituciones sin fines de lucro que están en el sector de microfinanzas están sujetas al pago de impuesto sobre la renta, ahí vemos una incongruencia porque estas son instituciones que hacen inclusión financiera, en donde se le da acceso a personas que no pueden optar a un crédito en la banca, por lo cual deberían exonerarlas de este tributo”.

Otro tema que el analista cree que tuvo que incluirse en la ley, es el registro de crédito entre todas las instituciones, e incluso bancos, ya que esto ayudaría a crear un buró bancario que consolidaría los datos de préstamo de todos los clientes a fin de prevenir los problemas de sobreendeudamiento.

Asimismo, agregó que “debió ser obligatorio el registro de todas las microfinanzas en el Ministerio de Economía y esto lo dejaron voluntario, por lo cual algunos lo harán y otros no, pero si se quería ordenar se hubiera hecho obligatorio”.

PANORAMA LATINOAMERICANO

Según datos de la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (Redcamif), en el país tiene registradas a 19 empresas de microfinanzas afiliadas con 160 agencias para atender a 212,890 clientes. Entre todas manejan una cartera de $112.70 millones, de los cuales, el 84% es destinada a mujeres y el 78% de sus clientes se ubican en el área rural.

En el ámbito centroamericano, Guatemala es el segundo país con menos manejo de cartera, solo después de Costa Rica, que tiene $31.77 millones. El país con mayor cartera es Honduras, con $299 millones. En total, Centroamérica, incluyendo a República Dominica, maneja créditos por $1,645.40 millones.

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