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Crisis penitenciaria de nuevo puesta al desnudo

En un gesto de apertura, el director del Sistema Penitenciario, Luis Carlos de León Zea, hizo un dramático retrato hablado de la grave situación por la que atraviesan los centros de privación de libertad en Guatemala.

A partir de una extensa conversación con De León Zea, el periodista Rudy Tejeda preparó para los lectores de Siglo.21 un reportaje, que publicamos en nuestra edición de hoy.

Probablemente, quienes dan seguimiento especializado a la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), encontrarán en este informe la corroboración actualizada de un diagnóstico que, en realidad, ofrece pocos cambios respecto de lo que ya era conocido con anterioridad.

Aunque suele considerarse que Guatemala, incluyendo entidades como la DGSP, está sobrediagnosticada, el valor del reportaje es la visión de conjunto y desglose sistemático de las piezas con las cuales se arma un complejo rompecabezas.

Debilidad de los mandos, desorden administrativo, corrupción, falta de formación del personal, insuficiente número de profesionales especializados, guardias penitenciarios mal preparados y peor pagados, sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles, deplorables condiciones higiénicas y de salud, trato desigual y privilegios a los privados de libertad, tráfico de drogas, falta de control gubernamental sobre los centros de detención y violencia, son algunos de los problemas reseñados.

¿Por dónde empezar? Al principio de la administración del presidente Jimmy Morales se sugirió que uno de los caminos podría ser reducir la sobrepoblación carcelaria, a través de la revisión de aquellos casos en los que fuera posible aplicar la redención de penas y la reducción del número de personas que guardan prisión preventiva.

Los primeros meses de la experiencia de De León Zea sugieren que, más allá de la buena intención, la viabilidad de esta ruta es más bien limitada y choca con la realidad del desorden administrativo no solamente en la DGSP sino también en el Organismo Judicial, sin contar con la paradoja de internos que prefieren permanecer en prisión porque la “libertad” es, para ellos, sinónimo de incertidumbre vital.

Este solo ejemplo ilustra la complejidad que presenta el obligado proceso de reforma penitenciaria, la cual no debería concebirse en términos de cambios én la legislación sino, ante todo, como el resultado de una visión estratégica que ponga en el centro al ser humano. Esto es, a las personas privadas de libertad, pero sobre todo a quienes tienen a su cargo la delicada tarea de custodiar y contribuir a la reeducación de los primeros.

Está claro que ese enunciado implica un profundo cambio del paradigma punitivo, ampliamente extendido no solamente en la DGSP sino en la sociedad guatemalteca. No hay soluciones milagrosas, pero es tiempo para dejar de pensar que nuestros problemas se resuelven encerrándolos en esos infiernos carcelarios existentes actualmente.

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