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Un magistrado producto del tráfico de influencias

Las negociaciones bajo la mesa para la elección de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) salieron a luz con información proporcionada por Juan Carlos Monzón Rojas,  ex secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y quien se ha convertido en colaborador en el caso de corrupción develado ayer por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La elección del magistrado Douglas René Charchal Ramos, contra quien se presentó una solicitud de antejuicio por tráfico de influencias, se dio gracias a que, cuando se estaba en el proceso de elección, en 2014, en ese momento todavía bajo el gobierno del Partido Patriota, se acercó a Monzón Rojas y le pidió que la entonces vicepresidenta Baldetti le apoyara para ser electo magistrado de la CSJ y que le apoyaban los hermanos Ruiz, más conocidos como los “Fuchos”.

Otro magistrado que está bajo sospechas es  Vladimir Aguilar, quien en el tiempo en que se dieron las negociaciones de TCQ fungía como jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), pues se desconoce con exactitud cuál fue su actuación en las reuniones en las que participó.

Cuando se le eligió a la magistratura reconoció que había sido por la ayuda que se le había dado y le agradeció, indicó Monzón Rojas, por lo que le dijo que en otra oportunidad se la cobraba.

Esa oportunidad llegó cuando dentro de los trámites para la construcción de la Terminal de Contenedores Quetzal (TLQ) se presentan algunos obstáculos que había que ir removiendo. Uno de ellos fue que el alcalde del puerto San José, Jorge Rizzo Morán, requirió Q24 millones para otorgar la licencia de construcción de dicha terminal.

Lo que ocurrió, según la declaración de Monzón, es que el alcalde “a puro tubo” quería que la empresa pagara la licencia en tanto que Juan José Suárez, director general de TCQ y detenido ayer, decía que la obra se construía dentro de Puerto Quetzal y no tenía que pagar licencia. A sugerencia de William Schwank y Allan Marroquín, contra quienes existe orden de captura internacional, dijeron que se le ofreciera dinero, pero no aceptó.

Monzón, que era el delegado para facilitar el trámite, contacta al magistrado Charchal Ramos y le pide su colaboración para solventar el escollo. En ese momento ya se había interpuesto una acción de amparo en un Juzgado de Trabajo de Escuintla, porque se amenazaba con suspender los trabajos.

Monzón declaró en anticipo de prueba que se reunieron él, su esposa, el magistrado, su asistente y el abogado Mario Ruano San José, detenido ayer por el caso TLQ, y le dijeron que les iban a ayudar.

El magistrado les dijo que el Juez de Trabajo de Escuintla es su amigo y que hacía lo que él le pedía. “Te va a ayudar el secretario de ese Juzgado”, le dijo. “Ese es mi cuate”, le dijo el abogado Ruano San José.

Luego se reunieron en un restaurante de Palín, él, Ruano San José y el secretario del juzgado, José Daniel Luna Argueta –también detenido ayer-. A grandes rasgos le contó los términos legales de la situación y sobre la acción de amparo que había interpuesto TCQ. Luna le dijo que al día siguiente le tendría una propuesta para solucionar la situación.

Al día siguiente Ruano San José le dijo que ya había una solución. “Te reunís con el secretario del juzgado en la Antigua Guatemala, por la gasolinera que está en el cruce. Llévale Q50 mil al cuate”.  Se hizo la gestión y la sentencia fue favorable a TCQ y actualmente el amparo se encuentra en apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Por este “favor”, el secretario Luna Argueta recibió los Q50 mil solicitados y el abogado Ruano San José una camioneta Land Rover blindada.

Además, según se reveló, Ruano fue contratado en la Corte Suprema de Justicia con un contrato 0-29, a petición del magistrado Charchal Ramos, lo que evidencia la relación que ha existido entre el magistrado y el abogado que ayer fue detenido.

No es una mansa paloma

No obstante, Iván Velásquez, jefe de la Cicig, dijo que contra el alcalde Rizzo  se planteó una solicitud de antejuicio por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, de la cual esperan la resolución pues fue presentada desde el 30 de julio de 2015.

En 17 cuentas bancarias a nombre de Rizzo, entre los años 2008 y 2014, se encontraron al menos Q60 millones.

Por el caso que se señala al jefe edilicio fue detenida su esposa Odilia González García, sindicada de lavado de dinero u otros activos.

Redacción Siglo 21. 16-04-2016

Fotos de  archivo. (Mario Ruano San José,  Douglas Charchal y José Daniel Luna)

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