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Una negociación ilícita bien planificada

El negocio fraudulento para otorgar en usufructo terrenos en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) para la construcción de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) inició en 2011 pero se comenzó a concretar a partir de la llegada al poder del binomio del Partido Patriota (PP), Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, el 14 de enero de 2014.

Datos revelados por la fiscal general Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalan que los primeros días de la gestión, Pérez Molina atendió la recomendación que le hiciera la ex vicemandataria y nombró como enlace suyo para este tema al empresario Guillermo Lozano Bauer, quien había sido su piloto aéreo durante la campaña presidencial.

Luego se nombró, el 24 de enero de 2012, a Allan Marroquín como interventor de la EPQ. El 9 de marzo de ese mismo año, por recomendación de Baldetti, es nombrado como subinterventor y representante legal, Julio Sandoval Cano.

Si se ve, indicó la fiscal Aldana, esta es una negociación ilícita  en donde el patrón es similar al que se utilizó en el negocio del “agüita mágica” del Lago de Amatitlán y del caso La Línea. Se ubicaron personas de confianza en puestos determinantes para ayudar a alcanzar lo que se proponían.

Con la autorización del entonces mandatario, Lozano y William Schwank sostuvieron reuniones en el extranjero. La propuesta que se entregó no contemplaba solo los aspectos jurídicos y técnicos sino que también una comisión de US$30 millones para los gestores nacionales e internacionales.

En 2013 se relevó al grupo operador y Lozano salió del país y hubo necesidad de sustituirlo y allí llegó Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la entonces vicepresidenta Baldetti.

En una reunión sostenida en Casa Presidencial, se les informa a los personeros españoles de TCQ que Monzón, como persona de confianza de la vicepresidenta sería el encargado de solucionarles todos los problemas que tuvieran en la ejecución del contrato, sería el enlace.

El jefe de la CICIG explicó que este fue un contrato paralelo. De un lado estaba la negociación del Estado para el usufructo y por otro  el pago de la comisión.

Inicialmente se planteó que la comisión comprendiera una suma de dinero y otra en acciones de TCQ, pero Monzón, por instrucciones del presidente,  les expresó su desacuerdo a los representantes de esta empresa y les trasladó las instrucciones de Pérez Molina de que la comisión debía ser pagada en efectivo por lo que se propusieron fórmulas para ello, como el pago en abonos hasta 2016.

No obstante, las instrucciones del binomio gobernante fueron que los pagos se hicieran dentro del mandato y no quedara nada hasta 2016, por lo que el límite para el pago debía ser octubre de 2015.

El grupo español entregó entonces un cuadro de la forma en que se pagarían los US$30 millones. 24.5 millones serían para los socios locales, 5 millones para argentinos que ayudaron en las negociaciones y medio millón más para gastos.

Aunque por las acciones legales que se realizaron a partir del 16 de abril de 2015 ya no se hizo el otro pago de US$12 millones de dólares, el jefe de la Cicig indicó que hubo intentos para que fuera hecho aun cuando Pérez Molina y Baldetti ya estaban en prisión, aunque desconocen si se hizo finalmente.

Foto: Herlindo Zet

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