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Por el negocio de Puerto Quetzal se pagaron US$ 30 millones

Por el negocio fraudulento de otorgar en usufructo para la construcción de la Terminal de Contenedores Quetzal, durante el Gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se habrían pactado no menos de US $ 30 millones, de los cuales se pagaron US $12 millones, afirmaron en conferencia de prensa la fiscal general de la República, Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Iván Velásquez.

De los US $ 12 millones que fueron pagados, pues otros US $ 12 ya no se pagaron por el escándalo surgido por el caso La Línea, en abril de 2015, a Pérez Molina y Baldetti le correspondieron US $4.2 millones cada uno y US $3.6 millones para el resto de la estructura.

El negocio se comenzó a gestar desde 2011, cuando aún era presidente Álvaro Colom, pero se agilizó y concretó cuando el binomio de Pérez Molina y Baldetti, señalados de ser los principales líderes de esta estructura, asumieron en enero de 2012.

Las negociaciones las inició Guillermo Lozano quien en 2013 abandonó el país y fue sustituido por Juan Carlos Monzón Rojas, quien ahora se convierte en una pieza clave ya que se ha convertido en colaborador eficaz y ha aportado información sobre toda la negociación.

Los capturados

Francisco Rivas, ministro de Gobernación, informó que este día fueron capturados con base en una orden emitida por el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, las siguientes personas: Gustavo Adolfo Martínez, ex secretario privado de la Presidencia, por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude; Julio Sandoval Cano, ex sub interventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ),  por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude; y Lázaro Noé Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la EPQ, por enriquecimiento ilícito.

También fueron detenidos Julio César Zamora, por enriquecimiento ilícito; Julio Esquivel Orellana, por enriquecimiento ilícito; el español Juan José Suárez, director general de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por asociación ilícita, fraude y cohecho activo y Jonathan Cheves, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

En los operativos también se detuvo al abogado Mario Ruano San José, por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y el secretario de un juzgado de trabajo, José Daniel Luna Argueta, por cohecho pasivo.

De igual manera, explicó el ministro, se solicitaron órdenes de detención de cinco personas que no se encuentran en el país, pero ya se alertó a Interpol a efecto de que se hagan efectivas en el extranjero. Entre esas órdenes están las de Allan Marroquín Castillo, ex interventor de EPQ, por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude; William Schwank López, por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.

De igual manera se pidió la orden de captura internacional contra  Ángel Pérez Maura, por asociación ilícita, fraude y cohecho activo; Mauricio José Garín, por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y Guillermo Lozano Bauer, por asociación ilícita.

Adicionalmente, indicó, se solicitó la conducción del expresidente Otto Fernando Pérez Molina, quien se encuentra recluido, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y fraude y de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, por los mismos delitos. La conducción de ambos exfuncionarios está programada para el próximo martes a las 8:30 horas.

Solicitud de antejuicio

Durante la conferencia, la fiscal general también anunció que fue presentada una solicitud de antejuicio contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Douglas René Charchal Ramos, a quien se señala tráfico de influencias, ya que colaboró para que se le declarara a favor un proceso de la empresa TCQ en el que la municipalidad del Puerto San José, le exigía el pago de Q25 millones por la licencia para construcción de la terminal de contenedores.

De igual manera confirmó que no se descarta que pudiera solicitarse antejuicio contra el también magistrado de la CSJ, Vladimir Aguilar, pues en su calidad de Procurador General de la Nación (PGN) en 2012, participó en varias reuniones donde se concretó la autorización para la TCQ.

El sindicato y su involucramiento

La investigación y la información brindada por Monzón Rojas, revelan que hubo una oposición de los sindicalistas de la EPQ que se oponían al usufructo y quienes anunciaron manifestaciones públicas y la interposición de recursos legales.

Para que desistieran, como efectivamente ocurrió, los sindicalistas recibieron de Monzón Rojas la cantidad de Q5 millones y con ello se logró una modulación de su reacción y que le bajaran intensidad a la oposición.

Foto: Herlindo Zet

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